Intelectuales y Académicos

El estado de bienestar: Estados Unidos 2003

Autor: Tony Platt

Fecha: 30/10/2003

Traductor: Barbara- especial para P.I.

Fuente: Monthly Review N º 55 Oct. 2003

El presente ensayo está basado en un discurso preparado para una conferencia, “Bienestar Social en Tiempos de Estancamiento Económico”, co- patrocianada por la Fundación por el Intercambio Cultural Europeo y la Universidad de Salzburg, Marzo, 27–29, 2003.

Estados Unidos tiene el más retrógrado sistema de asistencia para pobres entre las naciones desarrolladas en el siglo veintiuno y en los años recientes ha devenido aún más punitivo. La autoproclamada principal democracia del mundo carece de una política nacional de asistencia sanitaria, un derecho universal de asistencia sanitaria y una política de familia sensata. Los candidatos a la beneficiencia están sujetos a intrusiones personales, reglamentaciones secretas y constante vigilancia, todas destinadas a humillar a los beneficiarios y desalentar a potenciales candidatos.
En años recientes ha habido una significativa merma de las indemnizaciones a los desempleados y subempleados que no califican para los subsidios de desempleo.
La reorganización del estado de bienestar comenzó en la administración Clinton con la devolución de las políticas federales a los estados y el masivo recorte de las nóminas de beneficiencia. La administración Bush mientras era perturbada por el 11 de Septiembre y las ambiciones imperiales ha profundizado los recortes y ha introducido importantes nuevas políticas, facilitando el acceso de organizaciones privadas a las subvenciones federales. El rápido cambio del clima económico y geopolítico también ha generado una profunda crisis en la habilidad del estado y de las agencias locales para proveer suficientes servicios sociales a la desocupada y creciente fila de ciudadanos empobrecidos e inmigrantes.
Mientras tanto, las clases media y alta disfrutan de uno de los sistemas asistenciales más privilegiados en el Oeste: un sistema regresivo de impuestos; generosos subsidios gubernamentales para negocios; y pensiones subvencionadas por los empresarios y por el estado y planes de salud. Cerca de dos tercios de la población – aproximadamente 170 millones de americanos - están incluidos en planes de salud laborales y más de un tercio beneficiados por subsidios ocupacionales. “En ninguna otra nación”, observa el cientista político Jacob Hacker, “los ciudadanos confían en forma tan excesiva en los beneficios privados para la protección contra los riesgos elementales de la vida moderna”. Este masivo sistema de beneficios privados depende extensivamente de las intervenciones estatales en la solicitud de suspensiones de impuestos, subsidios crediticios, y regulaciones legislativas. 1

Contexto histórico

En estos días, recurriendo al modelo de las leyes hacia los pobres europeas en el siglo dieciséis la política asistencial estadounidense ha sido esencialmente coaccionada y resentida, “diseñada para enseñar una amplia lección a todos los que observaron (sus) rituales,” advierte Frances Fox Piven, “una lección sobre el imperativo moral del trabajo y del destino que sobrevendrá a aquellos que la eludan.” El sistema de asistencia recurre al criterio de discriminación racial y por género para hacer una diferenciación entre “dignos” beneficiarios de amparo y compasión e “indignos” explotadores de la confianza pública. 2
Ha habido tres principales etapas en el desarrollo de la asistencia a pobres y trabajadores. Durante el período de la Guerra Civil hacia 1920, el gobierno federal creó un sistema de pensión post – guerra que alcanzó a más de un cuarto de los hombres ancianos de la nación.
El Buró federal de Libertos y de corta vida (1865–1872) implementó programas en el Sur para revertir el estrago de la esclavitud. Y en 1910 y 1920, los estados autorizaron “pensiones para madres” que beneficiaron a cerca de 50.000 viudas con hijos. Pero estos esfuerzos fueron esporádicos y selectivos, beneficiando solo un pequeño sector de desocupados y pobres. 3
La creación y expansión de un sistema nacional de asistencia pública tiene lugar entre 1930 y 1970, inicialmente como resultado de una confluencia de intereses entre un movimiento laborista militante y un capitalismo reformado durante la depresión, y más tarde como consecuencia del movimiento por los derechos humanos. El New Deal inauguró el seguro para la vejez, el seguro para desocupados, la indemnización laboral, y una variedad de iniciativas públicas para aliviar la pobreza. En el corolario de la Segunda Guerra Mundial, millones de los soldados que regresaban eran beneficiarios de un GI Bill (ley de veteranos de guerra) que subsidió la educación, capacitación laboral, y subsidios de de vivienda y de familia. En los ´60, la Guerra contra la Pobreza introdujo el Medicare, el Medicaid, iniciativas basadas en la comunidad y anti - pobreza, y programas de acción asertivos diseñados para compensar el daño generado por décadas de políticas racistas y sexistas de empleo y educación. A pesar de esas reformas duramente conseguidas, el estado de beneficiencia estadounidense nunca marchó hacia su contraparte social demócrata en Europa.
Desde los comienzos de los ´80 hasta el presente, hemos sido testigos de un decrecimiento y reorganización de los servicios de asistencia para pobres, un cambio de rumbo de muchos New Deal y políticas de Guerra contra la Pobreza que fueron alcanzados como resultado de una intensa lucha política. El colapso de la izquierda y el ala liberal del Partido Demócrata dejó un vacío que fue rápidamente llenado por ideólogos neo-conservadores y por “reformadores del bienestar” al interior de ambos partidos. En este ensayo me concentraré en este período reciente.

El legado de 1996 - 2000

En Agosto de 1996, el presidente Clinton promulgó la Oportunidad Personal y Ley de Responsabilidad Laboral, que reemplazó el Programa de Asistencia a Familias con Hijos Dependientes (AFDC) con Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Esta legislación limitó la asistencia a seis meses de tiempo total, requirió actividades laborales; prohibió a inmigrantes legales recibir Cupones para Alimentos y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); requirió que padres adolescentes vivieran en su propia casa o con supervisión de un adulto; y limitó los cupones para alimentos para “sanos”, solteros, y adultos desempleados a tres meses cada treinta y seis meses. 4
El pasaje al TANF en 1996 evidencia una campaña bipartidaria para atacar los magros ingresos alcanzados por los pobres y familias trabajadoras por 1970. Entre 1994 y el 2001, la carga de caja de beneficiencia de la nación fue reducida de 5 millones a 2.1 millones de familias. 5 Además de recortar las listas de asistencia, ampliar los requerimientos laborales, e imponentes límites de tiempo, la legislación suministra bloques de subvensiones a los estados, quienes pueden determinar cómo los fondos van a ser utilizados y quién cumple los requisitos para diversos beneficios y servicios. Por otra parte, TANF provee incentivos económicos para los sistemas de asistencia estatal para promover el matrimonio y las familias de dos padres heterosexuales, y reducir los embarazos de mujeres solteras.

Tendencias a largo plazo

Esos cambios en la regulación de la asistencia pública de la clase trabajadora, que invalidan aspectos significativos del New Deal, representan una codificación y consolidación de tendencias que han estado en marcha por mucho tiempo. En 1965, EE.UU clasificó en el vigésimo primer puesto de veintidós naciones occidentales en el gasto en asistencia social per capita. Incluso en ´70, después de la expansión de la beneficiencia a través de la Guerra contra la Pobreza del presidente Johnson, EE.UU todavía está retrasado respecto a la mayoría del Oeste. A finales de los ´70, Estados Unidos gastaba el 14 por ciento del total del presupuesto federal en asistencia social, comparado con el 24 por ciento de naciones equiparables del Oeste. Cerca de 1995, el gasto público social estadounidense representaba cerca del 17.1 por ciento del producto nacional bruto, el más bajo de diez naciones equiparables y un poco más de la mitad del nivel promedio de otras naciones.
Durante las administraciones de Reagan y Bush, los mayores cortes fueron realizados por el Congreso y legislaciones estatales en programas que en primera instancia asistían a pobres desocupados y ocupados, padres solteros y niños: SSI, Medicaid, Cupones para Alimentos, programas de alimentos y escolaridad, programas nutricionales para mujeres, AFDC, subvenciones de asistencia energética, trabajos de servicio público y capacitación, subvensiones para el desarrollo comunitario, subsidios de albergue para personas de bajos ingresos. Al mismo tiempo, las corporaciones de servicios sociales con fines lucrativos (especialmente casas de reposo, hospitales, complejos de cuidado del niño) incrementaron dramáticamente su participación en los fondos públicos a través de la utilización de “contratas” por los gobiernos locales y estatal.
Incluso antes de que las nuevas reglamentaciones federales de limitación de la asistencia pública fueran aprobadas en Octubre de 1996, todos los estados habían disminuido sus subvenciones máximas a los receptores de la asistencia y suspendido sus padrones de beneficiencia. Entre 1970, los subsidios de asistencia social fueron reducidos drásticamente a lo largo y a lo ancho del país: por ejemplo: un 18 por ciento en California, 48 por ciento en la Nueva York, 58 por ciento en Tennessee, y un 68 por ciento en Texas.
Entre Marzo de 1994 y Octubre de 1996, el número de beneficiarios del AFCD cayeron un 18 por ciento, de 14.3 a 11.8 millones. Desde 1993 a 1997, las cargas de caja de beneficiencia a escala nacional cayeron un 25 por ciento. Esta tendencia se aceleró a lo largo de 1990. En los tres años desde 1995 a 1998, los padrones de beneficiencia de la Ciudad de Nueva York cayeron un 30 por ciento, de 1.16 millones a 797.000. Y en California, desde Julio de 1997 hasta Abril de 1998, el número de familias dentro de la asistencia pública se redujo en más de 100.000 o 12.2 por ciento, la merma más importante en la historia del estado. El Condado de Los Angeles da cuenta de un tercio de esta caída. 7
Esas estadísticas ocultan tendencias más profundas que han venido teniendo lugar en la organización, ideología, y programas del sistema de beneficiencia.

Programa de Empleo

El requisito de que los participantes en la asistencia pública realicen un trabajo a cambio de subvenciones en efectivo – una prestación central de la TANF – no es una política reciente. Las subvenciones de asistencia pública estaban ligadas a los requerimientos de trabajo en el Programa de Incentivo de Trabajo (WIN) en 1967. El “Programa de Empleo” también fue fomentado por la Ley de Asistencia Familiar de 1998 bajo la cual, según Eielen Boris, las audiencias de búsqueda de empleo constituyeron la extensión de la capacitación, el financiamiento de la asistencia de la infancia nunca equiparo la necesidad, y los montos del pago de la ayuda social iban por detrás del incremento en el costo de vida.” 8
La TANF incrementó la demanda de trabajo sin proveer más fondos para implementarla. Desde 1995 a 1998, en la Ciudad de Nueva York, que tiene el programa urbano de asistencia social más extenso del país, alrededor de 200,000 personas fueron empadronadas en el programa de empleo de la ciudad. Menos de un tercio ha podido encontrar trabajo full – time o part – time desde que dejaron el programa. Mucho del trabajo en el programa es “tan servil,” advierte el New York Times, “que requiere pocas, si alguna, habilidades demandadas por los empleadores”. Muchos de los programas que previamente permitían a los usuarios continuar con la capacitación y educación mientras participaban de los mismos han sido eliminados de la asistencia pública o drásticamente interrumpidos . 9
Las políticas de asistencia pública contemporáneas ignoran en gran medida la necesidad de los desempleados de obtener educación y capacitación laboral. En la actualidad, el Programa de Empleo actúa principalmente como regulador del mercado de trabajo de cientos de miles de mujeres pobres, que son empujadas a un ya saturado mercado laboral de bajos salarios, disminuyendo de esta manera el poder adquisitivo de todo este sector de la fuerza laboral. El Programa de Trabajo Comunitario Capacitación de 1962 (asociado con la Guerra contra la Pobreza) fue uno de los pocos programas de asistencia social que se dirigió a las necesidades de los padres desocupados. En las últimas tres décadas los responsables de tomar las decisiones han abandonado esta clase de programa. Irónicamente, uno de los pocos lugares en el que los pobres pueden ahora encontrar trabajo – a pesar de la explotación y de la paga extremadamente mala – y las recomendaciones para la salud mental es en prisión. Con un escrutinio diario de más de 150 personas sufriendo de enfermedades mentales graves, la Penitenciaria del Condado de Los Angeles puede ser la institución mental más grande del país. 10
Encarcelamiento y asistencia social no son opuestos muy polarizados, siendo elementos constitutivos de una política interrelacionada. Similares a las casas para pobres del pasado, que combinaban el trabajo con la prisión, las actuales políticas de asistencia social y justicia criminal representan una división del trabajo entre las diferentes agencias administrativas, con cárceles y penitenciarias encerrando hombres desempleados, y agencias de asistencia social controlando principalmente mujeres desocupadas y niños. Ambos aparatos institucionales tienen como desproporcionado objetivo los sectores más explotados de afro – americanos, latinos, americanos indios, inmigrantes y comunidades anglo pobres. Cerca del 12 por ciento de los hombres afro – americanos entre veinte y treinta y cuatro años de edad están actualmente en cárceles o penitenciarias, mientras las mujeres afro – americanas están en forma desproporcionada en la asistencia social. Durante los últimos veinte años, las mujeres pobres han sufrido la doble humillación de la disminución de los servicios de la asistencia social y el incremento de la tasa de encarcelamiento. El número de mujeres presas en los Estados Unidos se triplicó entre 1985 y 1997, representando diez veces el número de mujeres encarceladas en España, Ingaterra, Francia, Suecia, Alemania, e Italia en forma combinada. 11


División de la Fuerza de Trabajo

Las nuevas políticas de asistencia social han agravado la división entre trabajadores y aspirantes a los puestos de trabajo quienes tienen mucho que ganar uniendo sus fuerzas para luchar por trabajos decentes, salarios y beneficios para todo lo que requiere el trabajo. Esas tensiones van a continuar mientras a los trabajadores dentro de la asistencia social les sea negado el derecho a un salario mínimo, sean excluidos de los seguros de desempleos, y desprotegidos por la medicina laboral federal y normas de seguridad. La nueva demanda de asistencia social creó un nuevo estrato de trabajadores bajo contrato que previamente han perdido los derechos de asistencia social que poseían sin ganar ninguno de los derechos básicos de los trabajadores “libres”. 12
Muchos de los participantes incluidos en el Programa de Empleo están recibiendo empleos típicamente realizados por los trabajadores públicos. En 1998, por ejemplo, cerca de treinta y cuatro mil beneficiarios de la asistencia social realizaron trabajo comunitario en el Programa de Experiencia Laboral de Nueva York, mientras la fuerza de trabajo de la ciudad fue reducida en casi veinte mil empleados, o el 10 por ciento. Patricia Williams captura elocuentemente la dinámica de este proceso: “En Nueva York, los pobres – muchos de los cuales son la descendencia de la mano de obra esclava, o nietos de los trabajadores aparceros, o los hijos de los mineros del carbón, labradores de la tierra y trabajadores de las maquiladoras – han de ser ennoblecidos por su modos supuestamente perezosos en el esfuerzo de mejora en la limpieza de los subtes. Los subtes son los lugares donde algunos de ellos están viviendo. Sus instructores van a ser los trabajadores sindicalizados que han pasado décadas organizándose para mejorar su propia causa, aún aquellos cuyos medios de vida están amenazados por la asistencia social no sindicalizada, grupos de trabajo debajo del salario mínimo. 13

Doble Patrón de Moralidad

Las actuales políticas de asistencia social limitan la capacidad de las mujeres para adquirir concesiones financieras y obligan a las beneficiarias a trabajar fuera del hogar con estrictas normas de moralidad. Mientras las mujeres de clase media pueden optar por combinar el trabajo con las responsabilidades familiares, practicar su propia orientación sexual, y optar por un aborto, las mujeres pobres en la asistencia social no tienen control sobre esas decisiones. La “Dependencia” llegó a ser asociada, en las palabras de Rickie Solinger, con el “peligroso, comportamiento patológico” de mujeres pobres que realizan elecciones incorrectas. 14
El objetivo político de la nueva legislación de la asistencia social es empujar más y más a las mujeres pobres al trabajo pesado mal pago con pocos o ningún beneficio. La mayoría de los estados utilizarán su nueva capacidad de arbitrio para coaccionar o persuadir a las mujeres a que se retiren de la de la asistencia pública sin tener en cuenta sus deseos personales o las necesidades familiares. “Sustituyendo el trabajo fuera de la casa por las trabajo familiar,” Eielen Boris observa, “el Programa de Empleo niega el valor del trabajo que las mujeres solteras pobres ya realizan para sus familias y exige que abandonen a sus hijos como condición para acceder a la asistencia pública.” 15
Bajo la legislación de 1996, los estados que disminuyeran los nacimientos “ilegítimos” sin incrementar los abortos recibirían bonificaciones monetarias; adolescentes en la asistencia social tienen que vivir con su familia o parientes. “Esta ingeniería social de la Derecha política,” advierte Boris, interviene en la vida de los pobres en una proporción equivalente a los regimenes terapéuticos de las Sociedades de Organización de la Caridad y asistentes sociales del pasado.” 16 Los beneficios impositivos recibidos por la clase media por poseer propiedades no están subordinados a su comportamiento sexual coincidiendo con los patrones de monogamia, y matrimonio heterosexual. Igualmente, los subsidios de atención sanitaria de los empresarios no exigen que sus beneficiarios firmen la garantía de que no usan drogas ilegales. Sometemos a los pobres a exámenes de moralidad que no son demandados a ninguna otro programa de privilegio basado en las clases.

La división racial

Las comunidades de color soportan el embate de la pobreza y la devastación económica de este país. Americanos Indios, Asiátios del Sudeste, Afro – americanos de la ciudad, y Latinos del campo tienen la más altas tasas de pobreza. En Dakota del Sur, por ejemplo, los Indios representan el 7.4 por ciento de la población, pero el 53 por ciento de los beneficiarios de la asistencia social en 1997. Antes de 1960 los limitados beneficiarios del seguro social, asistencia pública y otros programas de privilegio eran generalmente un pequeño sector de trabajadores Anglo de clase media baja. Fue este grupo el que en primera instancia fue beneficiado por los programas de pensión después de la Guerra Civil, proyectos de trabajo del New Deal en 1930, y las subvenciones para educación del GI Bill´s después de la Segunda Guerra Mundial. 17
Hasta los años ´60, el racismo negó a las mujeres más pobres y a los hombres de color el acceso a los programas de privilegio. Por ejemplo, los programas de “asistencia a las madres” instituidos por los estados entre 1910 y 1920 para madres solteras con hijos, les daban más dinero a las Anglos que a las Afro – americanas y excluían a las Americanas Mejicanas. En los ´30 miles de Chicanos fueron “repatriados” forzadamente a Méjico para ahorrar costos de la asistencia pública y muchos Afro – americanos fueron desplazados de la asistencia pública para encontrarse con demandas locales de trabajo en la agricultura y doméstico.
Cuando el Congreso autorizó las subvenciones para mujeres solteras en 1949, muchos estados utilizaron un criterio de discriminación racial, como la exclusión de mujeres que podían ser empleadas, la demanda de “hogares apropiados” y la búsqueda de “hombres en la casa.” 18
En los ´60, como resultado del movimiento por los derechos civiles y los programas federales liberales, al principio las mujeres pobres y los hombres de color comenzaron a lograr acceso a los programas de preivilegio que daban a las personas la chance de salir de la pobreza y acceder al trabajo. La ampliación de las listas de la asistencia social en los ´60 fue un gran parte debido a la efectividad de los movimientos por los derechos civiles en demandar que la asistencia social fuera un derecho independiente de la raza o los exámenes de moralidad. 19 Casi al mismo tiempo, hubo un incremento momentáneo de los programas basados en la comunidad para los que habían delinquido por primera vez y ex – presos. Pero para finales de los ´70, las políticas sociales liberales habían sido abatidas: los programas de asistencia social se redujeron, y penitenciarias y cárceles se ampliaron en un porcentaje sin precedentes.
Mientras la asistencia social y las políticas de justicia criminal han devenido más punitivas y vengativas, las poblaciones de presos y de la asistencia social se asemejaban cada vez más a un sistema de apartheid. Siguiendo los cambios recientes en las políticas de la asistencia social, Afro – americanos y Latinos beneficiarios de la misma hoy exceden en número a los Anglos por casi 2 a 1. En Nueva York, por ejemplo, por 1998 las listas de asistencia social eran un 5 por ciento blancos, 33 por ciento negros, y un 59 por ciento Latinos. Como Eielen Boris plantea, “necesitamos entender la reforma en los ´90 como el triunfo de la reacción de 30 años en contra de las conquistas de los ´60, después de que las mujeres Afro – americanas finalmente participaron en la AFDC y la asistencia social devino en un derecho o un privilegio.” 20

Los proyectos de Bush

El nuevo siglo se está conduciendo a profundos cambios en la Pax Americana, tanto en las aspiraciones mundiales del Imperio Americano como en la reorganización del poder político e ideológico al interior de Estados Unidos. A mitad del período de administración Bush, los internacionalistas del ala derecha juegan un papel decisivo dentro del gobierno y en el discurso público sobre las doctrinas de las políticas extranjeras. El predominio de los Halcones es complementado por el cambio decisivo hacia la política doméstica. El programa conservador, iniciado en los años de Reagan, enfatiza la reducción del costo de la mano de obra, cese de las tasas regresivas, disminución de las regulaciones ambientales, merma de las acciones positivas y ayuda social, y ampliación del sistema judicial militar y criminal. 21
La administración Bush, fortalecida por las victorias decisivas en las elecciones de mitad de período (Noviembre del 2002), promete completar esos objetivos políticos, con la derecha ocupando posiciones significativas en el Congreso, el Departamento de Justicia, y departamentos gubernamentales claves. Con respecto a la política asistencial, el gobierno se ha basado en la perspectiva y recomendación de Marvin Olasky, del ala derecha, renacido historiador; John Ditulio, un conservador, renacido cientista político; General Attorney John Ashcroft, quien como Senador Ashcroft presionó para ampliar el papel de las organizaciones religiosas en la provisión de la asistencia social; y James Towey, un antiguo asesor legal de la Madre Teresa y un funcionario gubernamental en Florida, quien actualmente asesora a la administración Bush en como obtener donaciones de beneficiencia de los grupos religiosos. 22
La ley de la TANF apareció para su nueva autorización en el 2002, pero el Congreso no ha actuado en varias propuestas debido a la movilización por la guerra y reorganización del gobierno para “combatir al terrorismo”. La administración Bush introdujo legislación que generaría que la elegibilidad para la asistencia social sea aún más estricta, además de requerir que la mayoría de los individuos en la asistencia pública trabajen al menos cuarenta horas por semana con el objetivo de recibir ayuda en efectivo. El Partido Demócrata, en su mayoría, está apoyando las propuestas republicanas para hacer la asistencia pública más restrictiva y punitiva.
La administración Bush y el Congreso están incluso planteando importantes cambios en los programas federales de asistencia sanitaria del país, establecidos en 1965. Actualmente, 45 – 47 millones de americanos de bajos ingresos reciben asistencia en Medicaid y 40 millones de ancianos y personas discapacitadas en Medicare. El plan del gobierno incluye otorgar a los estados más poder para reducir, eliminar, o expandir la ayuda sanitaria para los pobres; impulsando a los beneficiarios del Medicare a trasladarse a los planes sanitarios privados; y poniendo topes a la ayuda de la asistencia sanitaria para ancianos, pobres, y discapacitados. Bajo semejante plan, advierte el Senador Edward Kennedy, asistencia pública sanitaria podría devenir en “un centro de usufructo para HMO´s y otros planes de seguros privados.” Las reducciones en Medicaid podrían significar un incremento en el número de personas que no están aseguradas – actualmente 42 millones – además del corte de otros servicios (como la prescripción de medicamentos, anteojos, y las casas de cuidados de ancianos) para los pobres. El plan Bush, registra Jonathan Cohn, “podría forzar a muchos estados a recortar un vital y efectivo programa de aseguro sanitario en el mismo momento en el que sus ciudadanos más lo necesitan.” Tanto como 15 millones de personas de bajos ingresos podrían ser expulsados del programa Medicaid y unirse a las filas de no asegurados. 23

Políticas Culturales de la Asistencia Pública

La política de la asistencia pública es un aspecto importante de la agenda ideológica conservadora, un proyecto que puede remontarse a los esfuerzos del presidente Reagan para usar la derecha religiosa para disciplinar la moralidad de la nación. 24 El discurso de la asistencia pública juega un papel importante en articular y transmitir mensajes culturales sobre raza y genero, en particular para justificar la ganancia de las políticas económicas de “mercado libre” y para prevenir sobre los peligros de la “dependencia” y la “lucha de clases.” El ataque de la administración Clinton a los programas de asistencia pública (“para cambiar la asistencia pública como la hemos conocido”) estuvo incentivado principalmente por el deseo del Partido Demócrata de apresar a la Casa Blanca mediante el repudio de su pasado liberal y de reposicionarse a si mismo como defensor del neo – liberalismo de la “tercera vía”, especialmente en materia de raza (delito, asistencia social y acciones positivas). Con la caída en desgracia de la presidencia Clinton, la administración de George W. Bush se ha reapropiado exitosamente de las políticas de asistencia pública del Partido Demócrata.
La legislación de 1996 del TANF incluye innovaciones legales llamadas “alternativa caritativa” que habilitan a los estados a subordinar los programas de asistencia pública a los programas religiosos. No hay nada nuevo sobre la sustentación federal de las organizaciones religiosas que suministran servicios asistenciales: las obras de beneficiencia católicas, judías, y luteranas se han basado ya hace tiempo en las subvenciones federales para el funcionamiento de refugios para vagabundos, comedores de beneficiencia, y otros programas. Pero previamente a 1996, las organizaciones religiosas eran necesitadas para poner en funcionamiento agencias seculares separadas para administrar federalmente los programas consolidados y garantizar la separación de la iglesia y el estado. Bajo el TANF, advierte Gwendolyn Mink, a los grupos religiosos les es brindado “el derecho de conservar y manifestar sus identidades religiosas, símbolos y filosofías en programas respaldados por dólares federales.” 25
Durante la administración de Clinton, sólo cuatro estados (incluyendo Texas con el entonces liderazgo del gobernador Bush) implementaron ofensivamente la cláusula de la alternativa caritativa. Pero el presidente Bush hizo de la religiosidad el centro de mesa de su “conservadurismo compasivo” mediante el establecimiento de la Oficina de la Fe y las Iniciativas Comunitarias de la Casa Blanca y centros en cinco gabinetes departamentales (Salud, Servicios Sociales, Desarrollo Urbano y de la Vivienda, Trabajo, Justicia, y Educación) para facilitar la cooperación iglesia – estado. Bush también abogó por elevar el tope a las donaciones caritativas empresariales del 10 al 15 por ciento y ampliar las subvenciones federales a los grupos religiosos. 26
El lenguaje de la política de la asistencia pública está ahora saturado con beatas imágenes de religiosidad, una tendencia descripta por el historiador Simon Schama como el “el hábito de vestir el negocio del poder con el atuendo de la piedad.” El énfasis en la “alternativa caritativa” es principalmente conducido por una política ideológica, que tiene a través de si implicancias económicas y políticas. Las políticas En Base a la Fe aceleran la tendencia hacia la privatización de la asistencia pública por medio de la ampliación de la suspensión de los impuestos para las donaciones caritativas y la promoción espiritual, soluciones personales para los problemas públicos materiales. Por otra parte, detrás de la cubierta de la libertad religiosa, la administración Bush habilita al ala derecha de las organizaciones religiosas para recibir financiamiento mientras se ejercita la discriminación laboral, por ejemplo contra trabajadores gays y lesbianas. En resumen, advierte Gwendolyn Mink, “la alternativa caritativa representa una combinación entre la necesidad urgente neoliberal de privatizar y la imperiosa urgencia de la Derecha de moralizar.” 27

La crisis de la Asistencia Pública

Durante la administración Clinton cambiaron las relaciones del gobierno federal con la asistencia pública, un mundo cambiante y las nuevas iniciativas políticas de Bush han alterado esencialmente panorama de la asistencia social. Una economía en expansión a mediados de los ´90 absorbió muchos de los antiguos usuarios de la asistencia pública – nada más y nada menos que el 60 por ciento según ciertos informes – en trabajos mal pagos. Además, muchos estados eran capaces de utilizar sus crecientes ingresos provenientes de los impuestos para mantener un nivel de servicios y programas como los del período pre – 1996. Pero en los últimos tres años, los cambios económicos y políticos en los Estados Unidos han generado una crisis sin precedentes en el sistema de asistencia pública.
Primero, de acuerdo al economista de Princeton Paul Krugman, “No estamos viviendo en una nueva Época Dorada … La disparidad de los ingresos ha regresado hoy a los niveles de 1920.” Los Estados Unidos tienen más pobreza e inequidad, y menor expectativa de vida que muchas de las naciones capitalistas desarrolladas (sus índices se encuentran apenas por encima de Portugal en expectativa de vida). Por 1998, las trece mil familias más ricas tenían casi más ingresos que el obtenido por los veinte millones hogares más pobres. El número de americanos con ingresos de un millón de dólares se duplicaron desde 1995 a 1999, mientras el porcentaje de sus ingresos que iba a los impuestos federales descendió un 11 por ciento. Los recortes en la ganancia de capital, ingresos, e impuestos estatales permitió a los americanos más ricos incrementar sus ingresos posteriores a los impuestos. De acuerdo con el economista de la Universidad de Nueva York Edward N. Wolff, la riqueza está más concentrada en menos manos hoy que en cualquier otro momento desde 1929. 28
En segundo lugar, la recesión y el crecimiento del desempleo y el subempleo han incrementado los índices de postulantes a los servicios sociales e imprimen una presión adicional en los estados, no así sobre el gobierno federal, para responder al incremento de la demanda de servicios. Con los límites de tiempo agotándose en la legislación del TANF de 1996 y la finalización de las sentencias a prisión distribuidas a narcotraficantes en los ´80, podemos anticipar que cientos de miles de antiguos beneficiarios de la asistencia pública y los reclusos del estado inundarán el mercado de trabajo y las agencias de servicios.
Millones de hombres desempleados y mujeres solteras están hoy viviendo en la línea de pobreza o debajo de ella. De acuerdo con el Fondo de Defensa de la Niñez, el número de niños negros americanos que viven en la extrema pobreza – definido como una familia de tres viviendo con $7,060 o menos anualmente – se ha incrementado a un millón, el más alto nivel desde que el gobierno comenzó a recolectar datos en 1980. En California, uno de cada cinco niños se cría en la pobreza, con los índices de pobreza infantil mayores que los de veinte años atrás. El número de familias trabajadores pobres en California alcanzó un nuevo pico de dos millones en el 2001, con los latinos cargando el mayor peso. 29
Además, la decadencia de los ingresos procedentes de los impuestos ha hundido a los gobiernos estatales en la peor crisis fiscal desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la Asociación de Gobiernos Nacionales. Enfrentado a un déficit presupuestario de $ 35 billones en California en el 2003, el gobernador Gray Davis ha planteado un aumento de $ 8.3 billones en impuestos y más de $ 20 billones de reducción del gasto. Las reducciones son esperadas en la en la asistencia médica, en las subvenciones en efectivo para los beneficiarios del SSI, y los programas de salud mental locales. 30
En tercer lugar, la respuesta de Bush a la titubeante economía ha sido el recorte de impuestos a la riqueza, y el incremento del gasto militar y las industrias relacionadas. Para combatir el crecimiento del déficit, el plan Bush es recortar el gasto no – militar, incluyendo rescates de los gobiernos estatales y programas de asistencia pública. Los elementos claves del plan de impuestos de Bush incluyen las reducciones del índice tributario en los ingresos de más alto nivel, abolición de los impuestos a los dividendos, y derogación de los impuestos estatales. El supuesto probable es que los inversores más acaudalados obtendrán su refinanciación impositiva y reinvertirán en el mercado de valores. “Casi increíblemente,” dice el historiador Robert Brenner, “la forma de trazar un camino para reavivar la economía es volver a inflar la burbuja.” 31
Mientras tanto, la “guerra contra el terrorismo” y la guerra contra Iraq ha requerido un extraordinario aumento del gasto militar y relacionado con la seguridad. En el 2001 y el 2002 el presupuesto militar se incrementó en un 6 y un 10 por ciento respectivamente. En la guerra Estados Unidos – Iraq y su subsiguiente ocupación se estima un costo de $ 100 billones a lo largo del año que viene. 32 La administración Bush justifica el aumento presupuestario en términos de necesidad de combatir el terrorismo y defender a los Estados Unidos, a pesar de que el presupuesto militar de Estados Unidos es mayor que el de los siguientes veinticinco países juntos.
Es esta coyuntura geopolítica y acontecimientos nacionales, así como la intensificación de la crisis en la economía y los presupuestos estatales, la que implica no solo la disminución de la intensidad de la red de seguridad americana sino también la consolidación del modelo neoliberal de la reforma de la asistencia pública.

Conclusión

Ha habido momentos en la historia de este país en que la política de la asistencia pública hacia la clase obrera ofrecía a los trabajadores y a los pobres una oportunidad de mejorar sus vidas sin el estigma social o la humillación personal. El GI Hill de 1994 es quizás el mejor ejemplo de asistencia pública con dignidad. Bajo esta legislación, millones de mayoría blancos, mayoritariamente veteranos hombres, fueron impulsados a la búsqueda de enseñanza superior y técnica con la ayuda de la enseñanza y los suministros gratuitos, subsidios de subsistencia (incluyendo pagos adicionales por hijos), y préstamos para la vivienda de bajos intereses. Típicamente, sin embargo, la asistencia pública ha significado humillación regulada, especialmente en los años recientes en los que los límites entre el encarcelamiento y la asistencia pública se han confundido.
Durante los últimos veinticinco años, hemos sido testigos de la transformación de la asistencia pública americana de un liberal modelo keynesiano a un modelo neo – liberal basado en los negocios. Esta ruptura con el pasado diseñada por los dos principales partidos políticos, fueron accionadas por políticas y organizaciones político culturales que están moldeadas por un mundo basado en la discriminación racial y de género. Esta resurrección de la asistencia social estatal y el rol central de la derecha en la administración Bush han cerrado por el momento el debate político sobre el futuro de la asistencia pública, pero la polarización económica y racial del país eventualmente forzarán una reconsideración de las políticas de los servicios sociales.
Mientras tanto, habrá un enorme desafío por obtener progresiva fuerza en los Estados Unidos para desarrollar políticas alternativas al discurso derechista. Nuestra tarea es idear un programa para la asistencia pública que haga lo siguiente:
• Articule el deseo de la mayoría de las personas de trabajar, ser productivo y creativo.
• Se percate de que el cuidado de las familias es trabajo real.
• Que no sujete las asignaciones económicas a pruebas de moralidad.
• Que no enfrente a mujeres contra hombres, o blancos pobres contra las comunidades de color, o los empleados contra los desocupados en la competencia por escasos recursos económicos.
• Provea a los desocupados de una infraestructura de desarrollo económico (educación, salud, asistencia pública, y cuidado de la niñez), permitiéndoles dar un paso fuera de la pobreza y dentro el trabajo.
• Permita a los pobres el acceso a la misma calidad de servicios sociales que está disponible para los trabajadores y los ricos.
• Asegure que los beneficiarios de los servicios de asistencia pública jueguen un papel importante en el control y distribución de los recursos.
• Otorgue presupuesto prioritario a los servicios sociales (educación, salud, asistencia pública, y cuidado de la niñez) por sobre las instituciones que penalizan y humillan al pobre.
En resumidas cuentas, necesitamos estar políticamente comprometidos en construir, una vez más, una visión de la asistencia pública general que resuena en el imaginario público. Y mientras las desigualdades económicas y la repercusión social del nuevo imperialismo dividen crecientemente a la nación, tendremos oportunidades de hacerlo.

Notas
1. Jacob S. Hacker, The Divided Welfare State (Cambridge University Press, 2002), 6, 9–10.
2. Frances Fox Piven, “Welfare and Work,” Social Justice 25, no. 1, (1998): 74.
3. Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers (Cambridge: Harvard University Press, 1992). Hacker, 92.
4. Bajo la version de California del TANF— conocido como Oportunidad de Trabajo y Responsabiliada para Niños de California (CalWORKS) — a todos los beneficiarios de la asistencia social sanos les es requerida la capacitación laboral, la búsqueda de empleo o el servicio comunitario para obtener sus beneficios. Los beneficiaries, salvo pocas excepciones, están limitados a veinticuatro meses consecutivos de asistencia social o un tiempo total de cinco años. Los nuevos candidatos están limitados a 18 meses. CalWORKS require veinticuatro horas semanales de trabajo para familias de padres solteros, y treinta y cinco horas para familias con dos padres.
5. El análisis del TANF está basado on Martha Coven, “An Introduction to TANF,” Centro de Presupuesto y Políticas Prioritarias , Febrero 14, 2002; Janice Peterson, “Feminist Perspectives on TANF Reauthorization,” Instituto de Investigaciones Políticas de la Mujer Febrero 2002; Mark Greenberg y Hedieh Rahmanou, “Imposing a 40-Hour Requirement Would Hurt State Welfare Reform Efforts,” Centro de Política Legislativa y Social, Febrero 12, 2003; y Martha Fineman, Gwendolyn Mink, y Anna Marie Smith, “No Promotion of Marriage in TANF!,” escrito de opinión no publicado, 2003.
6. Hacker, 13–15.
7. “The Tough-Love Index,” New York Times, December 8, 1996. “A Closer Look at the Decline,” New York Times, February 2, 1997. Piven, 70. Vivian Toy, “Tough Welfare Rules Used as Way to Cut Welfare Rolls,” New York Times, April 15, 1998. “Drop in State Welfare Load Sets Record,” San Francisco Chronicle, July 27, 1998.
8. Eileen Boris, “When Work Is Slavery,” Social Justice 25, no. 1, (1998): 30.
9. Alan Finder, “Evidence is Scant that Workfare Leads to Full-Time Jobs,” New York Times, April 12, 1998. Piven, 72.
10. Los hombres son candidatos posibles y reciben beneficios en efectivo de Asistencia General de los gobiernos locales, pero son usualmente pequeños y temporarios. Piven, 71. Boris, 30. Fox Butterfield, “Prisons Replace Hospitals for the Nation’s Mentally Ill,” New York Times, March 5, 1998.
11. Fox Butterfield, “Prison Rates Among Blacks Reach a Peak, Report Finds,” New York Times, April 7, 2003. Joy James, ed., States of Confinement (New York: Palgrave, 2002), xi.
12. Piven, 72.
13. Steven Greenhouse, “Many Participants in Workfare Take the Place of City Workers,” New York Times, April 13, 1998. Patricia Williams, “The Saints of Servitude,” New York Times, October 13, 1996.
14. Rickie Solinger, “Dependency and Choice,” Social Justice 25, no. 1, (1998): 2.
15. Boris, 41.
16. Boris, 31.
17. Pam Belluck, “A Window to Run Welfare is a Tight Squeeze for Many Tribes,” New York Times, September 9, 1997. Anthony M. Platt, “End Game,” Social Justice 24, no. 2, (1997): 104–106.
18. Linda Gordon, Pitied But Not Entitled (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 37–64. Gordon, 192–199. Boris, 29.
19. Boris, 30.
20. Tony Platt, “Social Insecurity,” Social Justice 28, no. 1, (2001). Jason DeParle, “Shrinking Welfare Rolls Leave Record High Share of Minorities,” New York Times, July 27, 1998. Boris, 29.
21. Este cambio se refleja en la fuerte influencia de Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Richard Perle, John Poindexter, y Paul Wolfowitz. En el ascenso al poder de los “nacionalistas radicals” observa Anatol Lieven, “The Push for War and the Ascendancy of Radical Nationalism,” London Review of Books, October 3, 2002. Immanuel Wallerstein, “The Eagle Has Crash Landed,” Foreign Policy, July–August 2002.
22. Gwendolyn Mink, “Faith in Government?” Social Justice 28, no. 1, (2001): 5–10; Herb Kutchins, “Neither Alms Nor a Friend,” Social Justice 28, no. 1, (2001): 14–34; Roundtable Interview with James Towey, June 4, 2002, www.religionandsocialpolicy.org/interviews/interview.cfm?id=9.
23. Jacob S. Hacker, “How Not To Fix Medicare,” New York Times, July 2, 2003. Robin Toner and Robert Pear, “Bush Proposes Major Changes in Health Plans,” New York Times, February 24, 2003. Jonathan Cohn, “How Medicaid Was Set Adrift,” New York Times, March 6, 2003. “Los Planes de salud privados (HMOs) han atendido algunas personas en Medicare por 20 años. Los costos de Medicare son mayors para pacientes en HMOs que para pacientes en el plan público de Medicare. Además, Medicare HMOs ha ido dejando ciudades y países en los no han podido conseguir un beneficio, y han estado recargando las compensaciones de los ancianos hasta $100 mensuales mientras pagaban cada vez menos del costo de las drogas prescriptas.” Comunicado personal communication del Dr. Tom Bodenheimer, Marzo 19, 2003.
24. Richard Slotkin, Gunfighter Nation (New York: Atheneum, 1992).
25. Mink, 6.
26. El anteproyecto de la Casa Blanca para “Recuperando el Ejército de la Compasión,” política estatal de Bush publicado en Enero 2001, puede ser encontrado en www.dol.gov/cfbci/bush_plan.htm
27. Simon Schama, “The Unloved American,” The New Yorker, 10 de March, 2003, 35. Mink, p. 9.
28. Paul Krugman, “For Richer,” New York Times Magazine, 20 de Octubre, 2002. David Cay Johnston, “More Get Rich and Pay Less in Taxes,” New York Times, 7 de Febrero, 2002.
29. Jodi Wilgoren, “After Welfare, Working Poor Still Struggle, Report Finds,” New York Times, 25 de Abril, 2002. Tyche Hendricks, “Increase in Child Poverty Found,” San Francisco Chronicle 5 de Noviembre, 2002. Información provista por Proyecto Presupuestario de California, Sacramento, California, www.cbp.org.
30. Robert Pear, “States Are Facing Big Fiscal Crises, Governors Report,” New York Times,26 de Enero, 2002. El presupuesto Davis, sin embargo, incluye $40 millones de incremento en los $5.3 billones del presupuesto estatal carcelario y $220 millones para la construcción de un nuevo corredor de la muerte en San Quentin. John Broder, “Californians Hear Grim Budget News,” New York Times 11 de Enero, 2003; John Broder, “No Hard Time for Prison Budgets,” New York Times, 19 de Enero, 2003. Proyecto Presupuestario de California, www.cbp.org.
31. Robert Brenner, “Towards the Precipice,” London Review of Books, February 6, 2003, 23.
32. Washington Post, 13 de Julio, 2003.