Latinoamérica

Bolivia: El plan gubernamental surge a la medida de la presión social

Autor: Redacción

Fecha: 2/11/2003

Fuente: La Razón (Bolivia)

La misma noche de su posesión como presidente de la República, Carlos Mesa colmó las expectativas de los sectores sociales que habían derrocado a Gonzalo Sánchez de Lozada, al ofrecer un Referéndum vinculante para definir la exportación del gas, una Asamblea Constituyente para refundar el país y la modificación de la Ley de Hidrocarburos para incrementar los ingresos estatales por regalías petroleras.

En la misma línea —la de satisfacer las demandas sociales— continuó el diseño del plan gubernamental en los diferentes ministerios, sobre todo, en los del área política y social y, con menor énfasis, en lo económico.

En lo político es donde más giros se presentaron. La exclusión de los partidos del Ejecutivo y las reformas anunciadas por Mesa se inscriben en este ámbito.

Los cambios de agenda también se reflejan en el Poder Legislativo, donde es probable que se reviertan algunas leyes como las de Seguridad Ciudadana y el Código Tributario y, a diferencia de la anterior gestión, se incluirán la reforma constitucional y las leyes de la ex oposición.

En lo económico resaltan los cambios en Hidrocarburos, el diseño de un nuevo Presupuesto y la presión para hacer modificaciones al Código Tributario.

En lo social, el énfasis que le imprime el Presidente a la problemática de la tierra y a lo indígena hacen la diferencia con el anterior Gobierno.

En medio de ese panorama de concesiones a los sectores sociales, el jefe del MAS, Evo Morales, dijo el viernes a la agencia de noticias ANSA que Carlos Mesa tiene la "obligación de cambiar el modelo económico" y advirtió que si el mandatario "gobierna para las trasnacionales, con seguridad va a haber conflictos".

Morales se refiere al principal recurso natural boliviano que es el gas y que ahora está en concesión de empresas transnacionales.

Es por esa razón que, en el Ministerio de Hidrocarburos, habrá cambios profundos. De hecho, la campaña de información sobre exportación del gas quedó en suspenso. En contrapartida, este Gobierno prepara un referéndum vinculante, es decir de cumplimiento obligatorio, para decidir el mismo tema. El ministro del área, Álvaro Ríos, también apuesta a la información y al consenso antes de decidir.

Este ministerio, además, deberá encarar la modificación de la Ley de Hidrocarburos en el Congreso para definir el incremento de los tributos petroleros. éste fue uno de los temas centrales del MAS y, ahora, deberá ser consensuado con las empresas petroleras.

En Hidrocarburos también quedó en suspenso el plan de las 250.000 conexiones gratuitas de gas, que era parte del plan obras con empleos de Goni. Su licitación se producirá más adelante, dijo el ministro Ríos.

En el Ministerio de Hacienda está en duda el diseño de un presupuesto trianual, que debía ser definido en el Diálogo Nacional. Sin embargo, ahora es probable que sólo sea anual.

Según el director de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), George Gray Molina, debería elaborarse un presupuesto de emergencia para la gestión 2004 y sólo el próximo año se podría pensar en uno de mayor duración.

Esto se debe a que el Presupuesto es un asunto urgente y el Diálogo Nacional no podrá desarrollarse inmediatamente. Esto, porque ahora incluye temas que antes de la explosión social de octubre no contemplaba, como la Asamblea Constituyente y el Referéndum vinculante.

En el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, según su titular, Jorge Urquidi, se pondrá mayor énfasis en los proyectos carreteros para la exportación. Los otros programas —electrificación rural, riego y vivienda— continuarán.

En Desarrollo Económico no se registrarán cambios. Al contrario, el ministro Xavier Nogales dijo que mantendrá el programa de exportación de textiles a Estados Unidos en el marco del ATPDEA.

En el área política —Presidencia, Cancillería, Gobierno y Defensa— es donde existen más diferencias entre éste y el anterior Gobierno.

El Ministerio de la Presidencia, en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, era una especie de superministerio que coordinaba el trabajo económico y político del gabinete, manejaba las relaciones con el Parlamento, se ocupaba de los líos de la coalición gubernamental, tenía a su cargo el Diálogo productivo 2003 y el manejo de la comunicación gubernamental.

En la actualidad, según fuentes del Palacio, se produjo un gran giro en el manejo político del aparato del Poder Ejecutivo.

El principal cambio tiene que ver con la exclusión de los partidos del Poder Ejecutivo. Ese hecho libera al Ministerio de la Presidencia de la coordinación con la coalición; pero amplía su ámbito de acción en el Parlamento, porque el Gobierno está obligado a concertar con todos los partidos al no tener una bancada legislativa que lo respalde plenamente.

El trabajo de coordinación con el Parlamento estará orientado fundamentalmente al cumplimiento de la agenda de Mesa.

El ministro del área, José Galindo, dijo que habrá una agenda de negociación permanente y continua con todos y cada uno de los parlamentarios.

Además, el Poder Ejecutivo deberá atender las demandas sociales que se canalicen a través del Parlamento y, específicamente, a través del MAS. Es el caso de la modificación del Código Tributario, la autonomía para la Universidad Pública de El Alto, la Ley para el Resarcimiento de Víctimas de la Violencia Política y la de la generación sandwich.

En este punto se inscribe el interés de los sectores sociales y del MAS de dejar sin efecto la Ley de Seguridad Ciudadana. El Ejecutivo se adelantó al Congreso el viernes al aprobar un decreto que dispone la amnistía para las personas que fueron acusadas, apresadas o investigadas en el marco de la citada norma.

En cuanto a la coordinación gubernamental, las primeras tareas que encaró el ministro Galindo, tienen que ver con el armazón del Poder Ejecutivo.

Si el Gobierno de Sánchez de Lozada tuvo que lidiar con sus socios en el cuoteo del aparato estatal, el de Carlos Mesa debe hacerlo con los sectores sociales que, en La Paz, Beni y Oruro protestaron para ser tomados en cuenta en las prefecturas.

En la Cancillería quedó en suspenso la negociación para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. No hubo explicación oficial sobre los motivos, sin embargo, algunos sectores sociales como la Central Obrera Boliviana (COB) encabezada por Jaime Solares, habían rechazado esa negociación comercial.

A raíz de los hechos de octubre, el canciller Juan Ignacio Siles le puso más énfasis en la demanda marítima y en la solicitud de recursos para luchar contra la pobreza, considerando que la mediterraneidad y la crisis económica son las principales causas de la inestabilidad.

En el Ministerio de Gobierno, el giro en el enfoque tiene que ver con el uso de la fuerza pública y con el análisis de la Ley 1008 de Substancias Controladas.

Su titular, Alfonso Ferrufino, dijo que su ministerio no usaría la fuerza y que sería un despacho para el diálogo. Sin embargo, tras los hechos de violencia en la hacienda del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, Ferrufino señaló que tenía que hacer cumplir la ley. Sobre la Ley 1008, señaló que se revisaría; pero luego aseguró que es un tema congresal. Lo cierto es que el plan Dignidad, de lucha contra el narcotráfico, no sufrirá modificaciones. ése es uno de los temas en los que Estados Unidos no permitirá cambios.

El Ministerio de Defensa se redujo a cuestiones técnicas, a diferencia del anterior Gobierno donde adquirió liderazgo político y comandó los violentos operativos de fuerza.

El Ministerio de Participación Popular encabezará el debate nacional sobre la profundización de la descentralización y la demanda de algunas regiones para introducir en el ordenamiento jurídico nacional las autonomías regionales.

En el área social, los cambios surgieron en respuesta a las protestas sociales de octubre, sobre todo en la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas.

Desarrollo Sostenible le pondrá más énfasis y celeridad al tema de la tierra y Salud reorientará su política hacia la prevención de enfermedades.

El Ministerio de Trabajo dejará de "reconocer" dirigentes porque considera que los movimientos sociales son autónomos. Este cambio surgió porque el anterior Gobierno se negó a darle legalidad a la dirigencia de Jaime Solares en la COB.