Intelectuales y Académicos

Bolivia

Autor: Ignacio Ramonet

Fecha: 2/11/2003

Traductor: Rossana Cortéz-especial para PI

Fuente: Le Monde Diplomatique Editorial Nov

Era una democracia perfecta. ¿No respetaba los dos derechos humanos fundamentales: la libertad de prensa y las libertades políticas? Que el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y tantos otros derechos también fundamentales hayan sido sistemáticamente pisoteados no disminuía en nada, pareciera, la «perfección democrática» de este Estado.
En Bolivia, país de apenas 8.500.000 de habitantes que disponen de uno de los subsuelos más generosos del planeta, un puñado de ricos acaparan las riquezas y el poder político desde hace doscientos años, mientras que el 60 % de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza. Los amerindios ­ mayoritarios ­ siguen siendo discriminados, la mortalidad infantil alcanza tazas indecentes, el desempleo es endémico, el analfabetismo domina y el 51 % de la gente no dispone de energía eléctrica. Pero esto no modifica lo esencial: se trata de una «democracia».
Así, cuando el 11 y 12 de octubre, por órdenes del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ejército tira con ametralladora pesada sobre los manifestantes y deja sesenta muertos y centenas de heridos (1), Condoleezza Rice, consejera del presidente de Estados Unidos, hablando de esta revuelta y dirigiéndose a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunidos en Chicago, declara que Washington advierte a los manifestantes (!) contra «toda tentativa de derrocar por la fuerza un gobierno democráticamente elegido (2)». Recordemos que, el 11 de abril de 2002, cuando Hugo Chávez, presidente democráticamente electo de Venezuela, fue momentáneamente derrocado por militares que apoyaban a la patronal y a los grandes medios, Washington se apresuró en reconocer a los putschistas con el pretexto mentiroso de que Chávez «había ordenado tirar contra su pueblo»...
«El Carnicero», como apodan los bolivianos a partir de entonces a Sánchez de Lozada, con toda naturalidad buscó refugio en Miami, el 17 de octubre, sin que Estados Unidos se comprometa a llevarlo frente a un tribunal por crímenes contra la humanidad.
¿Por qué lo haría? Ministro de Planificación de 1986 a 1989, Sánchez de Lozada, aconsejado por el economista Jeffrey Sachs, había sometido a su país a una «terapia de shock», como quería Washington ­ teniendo como consecuencia el despido de decenas de miles de asalariados estatales. En su primer mandato (1993 -1997), este presidente ultraliberal, convertido en uno de los hombres más ricos de su país, aceptó, siempre bajo la presión de Estados Unidos, aplicar un programa de erradicación de la coca responsable de la ruina de cientos de miles de cultivadores que, sin otra posibilidad de supervivencia, desde ese momento están en estado de revuelta permanente. También emprendió con la privatización, en favor de firmas esencialmente norteamericanas, de todo el patrimonio del Estado: ferrocarriles, minas, petróleo, electricidad, teléfono, compañías aéreas, agua.
La privatización de la distribución del agua en la ciudad de Cochabamba en favor de la empresa norteamericana Bechtel (una de las grandes beneficiarias del programa de privatización integral de Irak que conducen actualmente las autoridades de la ocupación) dio lugar, en abril de 2000, a una insurrección y se saldó con la partida de Bechtel, el retroceso del gobierno y la renacionalización del agua.
Estos dos conflictos, el de los cultivadores de coca y el de Cochabamba, han dado lugar a la emergencia de un dirigente popular por fuera de las normas: Evo Morales. Cuarenta y dos años, indio aymará, autodidacta, dirigente sindical, conduce desde hace aproximadamente veinte años el sector más reivindicativo, el de los campesinos arruinados por la erradicación de la coca.
A la escala de América latina y entre los no global, M. Evo Morales, figura clave de un movimiento indigenista que se manifiesta con una enorme fuerza en Ecuador, en Perú, en Chile, en Paraguay, se ha vuelto una personalidad muy popular. Con otro dirigente indio, Felipe Quispe, del Movimiento indígena Pachakutik (MIP), él y su organización, Movimiento al Socialismo (MAS), han conducido la ofensiva contra la política neoliberal de Sánchez de Lozada y de su aliado socialdemócrata, Jaime Paz Zamora. Una política que, a través de un grupo de multinacionales, apuntaba a despojar al país de sus reservas de gas, liquidándolo para Estados Unidos, y que, en última instancia, ha provocado la explosión.
El hartazgo de los indios bolivianos se basa en siglos de experiencia histórica. La exportación de las riquezas naturales (plata, estaño, petróleo) nunca ha mejorado la situación de los pobres y no ha permitido la modernización del país. Como en Ecuador en enero de 2000 contra el presidente Jamil Mahuad, en Perú en noviembre de 2000 contra el presidente Alberto Fujimori, y en Argentina en diciembre de 2001 contra el presidente Fernando de la Rúa, la población boliviana, al derrocar a Sánchez de Lozada, rechaza un modelo económico que, en toda América latina, ha agravado la corrupción, ha arruinado a la población y ha aumentado la exclusión social.


(1) International Herald Tribune, París, 15 de octubre de 2003. En total, el número de víctimas de la represión se elevaría a 78 muertos y varias centenas de heridos. Conviene agregar los 34 muertos y 205 heridos de febrero, en ocasión de un levantamiento de los trabajadores y... de la policía contra la aplicación de un impuesto al salario. Ningún diario en Francia se ha dignado a poner estas informaciones en primera página.
(2) Despachos AP y EFE, 13 de octubre de 2003.