Latinoamérica

Bolivia: Tiempos y ritmos del cambio

Autor: Roger Cortés Hurtado

Fecha: 14/11/2003

Fuente: Pulso Bolivia

El tiempo que nos tomará a los bolivianos comprender y asimilar lo que ha ocurrido en las últimas semanas, será seguramente prolongado. Aunque la terminación del viejo régimen era altamente previsible desde hace varios meses, las circunstancias precisas en que se produjo y la participación efectiva de los sujetos, sus acciones, tácticas y comportamientos, merecen un análisis profundo que nos dará pistas sobre los tiempos que se avecinan. Dejo de lado, hoy, dicha tarea para dedicar la atención a inquirir sobre los aspectos más urgentes, con el convencimiento de que es premioso salir al paso de la incertidumbre, que puede convertirse en el peor enemigo de las esperanzas y en el mejor aliado de la reacción. Sobre lo verdaderamente importante me limito a expresar que este es el tiempo más favorable para forjar un país diferente, pese a que para conseguirlo estamos obligados a transitar, sin elección, sobre un campo minado.

Bajo fuego

Quienes monopolizaron el poder político y económico, copando el Estado para sus propósitos, captan perfectamente el poder del temor ante lo desconocido y llevan a cabo, desde el mismo momento en que huyeron, un sostenido plan para incrementar ese miedo. Funcionan bajo esa lógica todas las influencias que mueven a grandes periódicos y grupos mediáticos norteamericanos, lo mismo que a influyentes fundaciones y "tanques pensantes" a difundir con inusual insistencia versiones, "estudios"y "análisis" que propalan la imagen de un país, el nuestro, sumido en la demencia colectiva, bajo liderazgos tenebrosos, apenas dismulados por la apariencia de un débil y casi inexistente gobierno. Aunque prácticamente todos los gobiernos con los que mantenemos relaciones han modificado radicalmente su primera reacción, consistente en identificar la democracia boliviana con la figura del prófugo ex presidente, en ningún caso puede menospreciarse el daño que causa el sostenimiento de la campaña denigratoria y desinformante.
La única respuesta eficaz ante ese empeño es poner en marcha los mecanismos legales para investigar, procesar y sancionar a los responsables del derramamiento de sangre y también de las arbitrariedades, malversaciones y desfalcos económicos cometidos por la anterior administración. Sin embargo, como ya se ha probado tantas veces, existen demasiadas razones para ser escépticos sobre la voluntad y los resultados de la acción del ministerio público y los administradores de justicia, que juntos constituyen el campo donde de manera continua se ejerció el cuoteo, el chantaje y la acción prebendal de los partidos. La manera más práctica de prevenir que la desidia interesada, las actitudes cómplices y la negligencia calculada anulen cualquier eficacia de los procesos judiciales sobre este tema, es conseguir que, en el plazo más breve, se ponga en pie y empiece a funcionar una Comisión de la Verdad, compuesta por individuos y representantentes sociales que se encargue de llevar adelante una exhaustiva investigación de los abusos y hechos de sangre. Aunque carente de poderes jurisdiccionales, la Comisión de la Verdad debe contar con el suficiente respaldo para acumular pruebas y evidencias que se convertirán en el obligado horizonte y referencia de actuación de los administradores de justicia.

Participación y deliberación

La Asamblea Constituyente (a la que prefiero seguir llamando constitucional, porque así se identifican mejor sus tareas y funciones) es la pieza central de la plataforma de unidad y acción, sintetizada por el actual Presidente Constitucional. Tiene la responsabilidad de recoger las inquietudes, proposiciones y líneas de acción, diversas y a veces contrapuestas, de los ciudadanos y sus diversas asociaciones para definir las nuevas bases de fundación y funcionamiento de un Estado democrático que aliente nuestra convivencia, en vez de fomentar la exclusión, la división y la intolerancia.
El primer paso para que empiece a dibujarse como una realidad, a través de la que se canalizarán las energías nacionales dirigidas al cambio, es que se construya una sólida base legal y democrática, invulnerable a la chicanería, difamación y hostigamiento que recibirá interna y externamente de los representantes del viejo orden. Ese cimiento se encuentra en la reforma constitucional paralizada hoy en el Parlamento. La nueva Constitución, bloqueada en el Congreso, contiene las bases conceptuales, filosóficas y operativas para que se pueda convocar y poner en funcionamiento en el curso de los próximos meses una Asamblea Constituyente, separada y diferente al Parlamento.

Arquitectura de la Asamblea

La reforma constitucional, contenida en la ley 2410 aprobada el año pasado, introduce la desmonopolización de la representación política, el referéndum constitucional, la iniciativa legislativa y otras herramientas prácticas y conceptuales, plenamente armónicas con el llamado y funcionamiento de una Asamblea Constituyente. El Congreso está obligado a aprobar esa nueva Constitución, ampliando los alcances y disposiciones del artículo 231 (ya modificado al introducir la figura del referéndum constitucional), de manera que contemple el procedimiento para consultar, convocar, elegir y hacer funcionar una Asamblea Constituyente.
El contenido de las modificaciones necesarias ya ha sido inicialmente consultado por el presidente de la Comisión de Constitución de los diputados en la legislatura 2002-2003, y es posible que pueda logarse un acuerdo definitivo en los próximos días. En esencia ese procedimiento incluye : una iniciativa legislativa ciudadana, un referéndum nacional para convocar a la Asamblea, la elección de los constituyentes, los términos de funcionamiento de la Asamblea y un referéndum final a través del cual el pueblo soberano aprueba o no el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea.
No cabe duda que, después de la reciente experiencia política, es necesario que en esta oportunidad se obvie, por medio de un artículo transitorio, el primer paso —de la iniciativa ciudadana representada por la recolección de firmas— y se proceda directamente con el primer referéndum (de entrada). Algunas personas han expresado la opinión de que también sería necesario prescindir de este paso, pero si se toma en cuenta que el proceso de debate, generación de propuestas y análisis colectivo de los contenidos de la reforma se inicia vigorosamente con este primer referéndum, todo aconseja a mantenerlo, porque un resultado positivo a la pregunta ¿queremos los bolivianos que se llame a una Asamblea Constituyente? fortalece extraordinariamente la legitimidad del proceso y pone al descubierto todas las patrañas que se han empledo hasta ahora para descalificarla.
Con el respaldo de una decisión expresa y democrática del pueblo soberano, el siguiente elemento clave es la forma de elección de los asambleístas. Hasta ahora, los movimientos sociales se han expresado categóricamente a favor de mecanismos de designación corporativa de sus representantes, frente a la imposibilidad de actuar independientemente de los partidos, por las prescripciones de la CPE hoy vigente. Al aprobar la ley 2410, deja de existir el monopolio de los partidos, y cualquier ciudadano con el respaldo de un porcentaje de firmas de su circunscripción electoral (3 o 5%, por ejemplo) se habilita automáticamente como candidato, sin necesidad de que lo auspicie partido alguno.
Esta es la forma más sencilla y democrática para igualar al máximo las posibilidades de que pueden elegirse a 136 asambleístas (los 2 candidatos más votados en cada una de las 68 circunscripciones) que tienen como única obligación, consultar, analizar y debatir por un período definido e improrragable (4 o 6 meses) todas las propuestas necesarias para entregar al cabo de sus deliberaciones un proyecto que deberá ser apoyado por la mayoría absoluta de los asambleístas, es decir 69, para pasar al último paso que es el refréndum (de salida) en el que se consulta al pueblo soberano sobre este proyecto. Si la mayoría de quienes voten en el referéndum da su aprobación al proyecto, este pasa a ser, inmediatamente, la nueva Constitución de Bolivia.
Todo este proceso lleva un tiempo total de 12 a 15 meses, que es un plazo mínimamente razonable para garantizar la información, consulta, debate y acuerdo de las bases que nos permitirán contar con un proyecto que exprese de mejor manera las necesidades y características de un nuevo pacto entre quienes constituimos este pueblo boliviano. Si la Asamblea no aprueba un proyecto apoyado por la mayoría de sus componentes, o si tal proyecto no recibe el apoyo de los votos populares, el proceso puede iniciarse nuevamente, esta vez desde la fase de recolección de firmas, en un nuevo período constitucional.
Existe un amplio margen para iniciativas que hagan más transparente y sólido el procedimiento. Pienso, por ejemplo, en propuestas concretas de delimitación de las circunscripciones, de manera que se amplíen las oportunidades para ciertas minorías; o, en prescripciones del código electoral para equilibrar las condiciones de participación de quienes quieren ser candidatos, excluyendo, por ejemplo, el empleo de recursos publicitarios mediáticos, de manera que no sea el dinero que dé ventajas a grupos, sino la capacidad para relacionarse, consultar y recibir propuestas de la comunidad. Lo que parece estar fuera de duda es que el mejor, y probablemente el único, camino seguro para ir a la Asamblea Constituyente, es haciéndola parte de la reforma constitucional. Este paso será además clave para conocer el verdadero compromiso del Parlamento con las demandas ciudadanas.
Tratar de abrirle camino a la Constituyente por medio de leyes interpretativas ya ha sido descaratado por el Tribunal Constitucional y resultaría mucho peor intentar otras vías de menor jerarquía jurídica.

Enigmas y contenidos

Uno de los ataques más constantes que ha recibido la propuesta de la Asamblea Constituyente es que abriría una calamitosa caja negra y que estimularía un delirio colectivo para reformar absolutamente todo. Estas afirmaciones tienen poca base en la realidad, en la que se puede verificar que son 4 los asuntos que aparecen más constantemente en la preocupación ciudadana, como temas de una reforma global de la Constitución. La descentralización es posiblemente la cuestión más mencionada y respecto a la cual ya se han esbozado planteamientos entre los que se encuentran las autonomías regionales y, más aisladamente, tendencias federalistas muy poco desarrolladas conceptualmente. Está, luego, la reivindicación de tierra y territorio de indígenas y campesinos. Como tercer asunto clave se mencionan las políticas sobre recursos naturales, eventualmente contempladas en el régimen constitucional vigente en el capítulo de regímenes constitucionales. Y, finalmente, la reforma política que afectaría a los 3 poderes, Partidos Políticos, Fuierzas Armadas y Policía.
Cada uno de estos temas puede sacudir los mayores temores, las sensibilidades más irritadas y las tendencias más intolerantes. La única manera de sortear estas contingencias es informando, explicando, consultando y debatiendo la naturaleza, fines y procedimientos de la Asamblea (qué, para qué, cómo, por qué), lo cual nos lleva nuevamente a insistir en la importancia del primer referéndum de consulta (¿queremos que funcione una Asamblea?), como el espacio ideal para que a través de la exposición de las propuestas de partidarios y contrarios a la Asamblea, todo un pueblo se vaya familiarizando con las ideas y necesidades que plantea poner a trabajar a 136 representantes de un pueblo diverso y contradictorio.
Si al Parlamento le toca la responsabilidad de aprobar la nueva CPE, donde esté abierta la vía para convocar y hacer marchar la Asamblea, al Poder Ejecutivo le toca, sin demora alguna (y, mucho menos, retrasos por compromisos fútiles como viajes presidenciales), organizar una Comisión Nacional que canalice todo el apoyo para que la Asamblea puede movilizar la más amplia deliberación nacional, con el respaldo de información e intercambio veraz, claro y oportuno.

El gas nuestro de cada día

Si la Asamblea Constituyente es la piedra de toque de los cambios comprometidos por el Presidente, el referéndum sobre el gas y las modificaciones a la ley de hidrocarburos, serán la prueba más certera de la viabilidad de todas las transformaciones que necesitamos ejecutar. Para considerar el problema con el mínimo equilibrio necesario, hay que reconocer que si existía algún gobierno que archivaría fatalmente y por un plazo prolongado cualquier proyecto de exportación y utilización del gas natural, ése es el que cayó el 17 de octubre.
Si los inversores, consultores y otros interesados directos no llegaron a comprender que la vía necesaria y correcta, en este país concreto, para llevar adelante un proyecto de exportación sustentable y exento de amenazas y catástrofes es hacer que la población esté verídicamente informada sobre su naturaleza y alcances, y que esté segura y confiada que ese proyecto tendrá un manejo distinto y mejor que toda la triste historia de explotación y vaciamiento de recursos naturales, entonces continuarán reiterando sus errores y tratarán infrutuosamente de abrir un camino por medio del chantaje, la fuerza y finalmente el terror, todo lo que pone en riesgo más pronto que tarde sus inversiones y presuntas utilidades.
Un mínimo de atención a lo que se ha estado planteando en las calles, movilizaciones y asambleas, permite descubrir que una gran parte de la población tiene una verdadera sed de información veraz y clara sobre las oportunidades y posibilidades de un negocio que, correctamente conducido, no puede, ni debe detenerse en la simple venta de materia prima y que debe realizarse en condiciones de equidad y respeto hacia los propietarios originales de la materia prima.
Para que el referéndum cumpla el propósito de permitir una expresión libre, democrática y auténtica de los bolivianos, se tienen que atender dos temas de igual importancia y urgencia: por un lado, un sistema informativo transparente y plenamente inteligible, y por otro lado, una base legal incuestionable y sólida. Lo primero se atiende apelando a toda la ayuda y experiencia que podamos encontrar en muchos países amigos que están dispuestos a canalizar su aporte hacia un organismo mixto, social y estatal, que dé curso a ese flujo de apoyo, y que debe conformarse de inmediato, otorgándole un papel central a representantes de regiones y departamentos productores. En cuanto al cimiento legal, creo que no existe mejor vía, nuevamente, que la aprobación de la nueva Constitución, ampliando la redacción del nuevo artículo 4, en el que se reconoce que el pueblo delibera, participa y decide a través de instituciones, representantes y mecanismos de consulta directa.
La aprobación de la reforma constitucional inconclusa no sólo permite que los cambios se realicen en las mejores condiciones democráticas y legales, sino que asegura contar con una Constitución mucho más próxima a las necesidades expresadas por el pueblo, también en el caso de que la Asamblea Constituyente no consiga, en una primera oportunidad, aprobar un proyecto mayoritario (eventualmente dos: uno por mayoría y otro minoritario) o que el referéndum de salida no apruebe el o los proyectos puestos a consideración del pueblo soberano.

Otras urgencias

Para el mejor funcionamiento de las iniciativas planteadas es necesario que poderes estatales, organizaciones sociales y ciudadanos activos actúen de la manera más constructiva y eficiente, para lo que debe facilitarse su trabajo. En el campo legal, jurídico y constitucional es muy importante que los cinco funcionarios elegidos con el Defensor del Pueblo presenten, al igual que hizo éste, su renuncia, porque aunque las formalidades de elección han sido cumplidas, su designación tiene los mismos vicios del cuoteo y transaccionalismo partidario. Estos ciudadanos deben comprender que no cuentan con la confianza de un pueblo que necesita tener un Tribunal Constitucional impecablemente legítimo y creíble, que otorgue plena seguridad de que no se prestará a las maniobras de los padrinos partidarios que los encumbraron a la posición a la que han llegado.
Por último, el Diálogo Nacional 2003, que tiene la clara y específica función de considerar y proponer estrategias de lucha contra la pobreza, el uso de los recursos HIPIC,el desarrollo local y otras temas afines, debe activarse y funcionar de inmediato, porque en su seno nacerán líneas e indicaciones para encarar problemas económicos, al mismo tiempo que en sus mesas de trabajo y en sus debates y análisis preparatorios se irán manifestando las preocupaciones y primeras iniciativas de lo que que será la materia primeria de la agenda de la Asamblea Constituyente.