Latinoamérica

Bolivia: los anuncios de Mesa y la reacción popular

Autor: Redacción

Fecha: 4/2/2004

Fuente: Econoticias Bolivia

LA CLASE MEDIA Y LOS SINDICATOS RECHAZAN LAS MEDIDAS ECONÓMICAS


La Paz, febrero 2, 2004.- Los sectores de clase media, sindicatos y organizaciones populares expresaron un generalizado rechazo y condena al programa económico del presidente Carlos Mesa, que incorpora fuertes impuestos sobre los pequeños propietarios de viviendas y vehículos, grava todas las transacciones financieras, decreta el paulatino y constante aumento del precio de los carburantes y rechaza las demandas sociolaborales de los trabajadores.

En las principales ciudades del país, los vecinos de los estratos medios y bajos de la población cuestionaron a viva voz el contenido y la orientación del programa económico de Mesa, que intenta financiar el déficit fiscal con un gran sacrificio interno, un fuerte apoyo de la cooperación internacional y un escaso aporte de las transnacionales petroleras (ver "Mesa lanza paquetazo sin anestesia" http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/paquetazo.html).


PROTESTAS

"La gente de clase media no está dispuesta", "eso tienen que pagar los capitalistas, no nosotros", "es injusto, porque piensan que acá en la zona sur vivimos en jauja, pero vivimos al debe", "es una medida poco acertada", "los grandes ricos no van a tributar un peso: la fortuna de Goni, por ejemplo, no está aquí", "nuestras propiedades son sobrevaloradas", dijeron varios vecinos en la ciudad de La Paz, entrevistados por las cadenas de radio y televisión.

En el resto del país se escucharon también voces de protesta, que se acrecentaban a medida que transcurría la jornada y se conocían mayores detalles sobre las medidas económicas anunciadas al anochecer este domingo. En la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, los vecinos manifestaron su oposición: "No estoy de acuerdo porque los salarios son bajos", "es una desilusión", "impuesto para los ricos me parece que está bien", "va a fracasar esto", "que los ricos gasten un poco de lo que tienen".

Otros entrevistados se mostraron convencidos de que el programa económico no beneficiará a la población y fueron muy pocos los que apoyaron a Mesa: "Las medidas económicas afectarán de una u otra manera a la población", "algunas medidas son buenas, pero el gobierno no tocó el tema de la corrupción y el contrabando", "la incertidumbre ha comenzado", el gobierno ha camuflado el aumento de la gasolina y el gas licuado", "el impuesto a las transacciones nos afectará, pero si queremos vencer las crisis debemos aceptar las medidas", dijeron.


CLASE MEDIA EN DESGRACIA

Gran parte de las quejas de la clase media y de los sectores profesionales se da ante la pretensión gubernamental de obligar a los ciudadanos que tengan un patrimonio mayor a los 50 mil dólares a pagar, por única vez, un impuesto del 1,5 por ciento.

"Muchos hemos adquirido con muchos años de trabajo y sacrificio un departamento y un vehículo, y no es justo que tengamos que pagar mil dólares, cuando nuestros ingresos son muy bajos", dijo un vecino a la cadena Erbol, sintetizando la desazón que se apoderó de los sectores de la clase que lograron en la década de los años 70, 80 y parte de los 90 construirse un modesto patrimonio, pero que ahora se encuentran muchos de ellos sin empleo o con ingresos muy modestos.


RECHAZO SINDICAL

Entre los sindicalistas, la respuesta también fue contundente. "Si el gobierno no modifica sus medidas económicas se viene la madre de todas las batallas en los próximos días", advirtió Roberto de la Cruz, el líder de la Central Obrera de El Alto que dijo que "en cualquier momento podemos encender la antorcha de la guerra".

Según el "Mallku"Felipe Quispe, ejecutivo de la Confederación de Campesinos, el programa económico de Mesa estaría mostrando que "el Presidente nos ha engañado. Se ha comprometido, ha jurado con liquidar el neoliberalismo, pero ahora sigue con lo mismo, con medidas que castigan al pueblo, con la dolarización de la gasolina (...) Nos ha mamado a los campesinos".

Otros dirigentes, como Alberto Machaca, de la Central Obrera Boliviana también manifestaron su enojo: "Las medidas económicas, como la referida a los carburantes, recaerán en las espaldas de los pobres. No ha sido traumático, pero los precios tienen que nivelarse al mercado internacional y eso será paulatinamente, vamos a tener que dolarizar y creo que eso es preocupante".

Para Gabriel Helving, de la Central Obrera de Santa Cruz, se estaría "consolidando el modelo neoliberal (...) Seguimos en el mismo afán cuando nos ha dejado en las manos del mercado internacional en el tema de combustibles. Esto va afectar la economía popular y tenemos que estar preparados. Convocamos a los afiliados del sector y de plano rechazamos que se diga que la cuestión de los hidrocarburos la va a regular el mercado interno del dólar y el mercado internacional".


TEMOR EN EL TRANSPORTE

Entre los dirigentes de los transportistas, la protesta no se dejó esperar. Así, Orlando Guillén, dirigente regional del transporte dijo: "El tema de los hidrocarburos nos afectará dramáticamente, estamos a punto de declararnos en quiebra y con estas medidas yo creo que nos hacen desaparecer. El tema será discutido en una reunión ampliada en la que podrían definirse medidas de presión como el paro de 48 horas". (Ver aparte)

Otro de sus dirigentes, Wálter Gómez, señaló: "El Presidente ha mostrado una vez más su excelente capacidad de comunicador, pero el sabor que deja es preocupante (...) La desregulación de los precios de los hidrocarburos es fatal para el sector".

El mayor temor entre los sindicalistas es que, al atarse los precios de los hidrocarburos a la cotización internacional y a la devaluación de la moneda local, los carburantes suban sin cesar en el mercado local. Tan solo por la variación del dólar prevista oficialmente hasta fin de año, la gasolina, el diesel y el gas licuado aumentarán en 4 a 5 por ciento, mientras que para nivelarse al precio internacional el incremento oscilaría entre un adicional acumulado de 12 a 15 por ciento, lo que afectaría fuertemente a los precios del transporte, de los alimentos básicos y de la canasta familiar.

"El presidente Mesa está cargando la crisis del déficit fiscal sobre el pueblo con nuevos impuestos y el aumento diario de las gasolinas. Es fácil clavarle más impuestos a la gente, cuando Mesa debería exigirles más a las petroleras", reclamó el minero Jaime Solares, dirigente de la COB.


EL APOYO CRÍTICO DE EVO

En el campo popular, uno de los pocos que mostró un apoyo crítico a las medidas de Mesa fue el dirigente cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.

"A grandes rasgos, este mensaje no cambia el modelo económico, no recupera la propiedad de los hidrocarburos; pero sí hay algunos temas muy importantes, como por ejemplo las compras del Estado, el tema también de que los pudientes deben pagar un poco de impuestos para enfrentar la crisis económica (...) Es importante apoyar este programa de gobierno en el marco de que se trate de resolver los problemas económicos del país; pero es importante avanzar en el cambio de un modelo económico", dijo a los periodistas.

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HUELGA: LAS CIUDADES QUEDARÁN SIN TRANSPORTE POR 48 HORAS


La Paz, febrero 4, 2004.- Un ampliado de emergencia de la Confederación de Transportistas de Bolivia decretó hoy una huelga de 48 horas para el martes y miércoles próximo, en protesta por la política gubernamental que ata los precios de los carburantes a la cotización internacional del petróleo y a la devaluación de la moneda local.

"El paro será contundente", aseguró el ejecutivo de la Confederación, Angel Villacorta, a poco de concluir el ampliado nacional que reunió en La Paz a los delegados de todos los sindicatos de choferes del país.

La protesta tiene como objetivo paralizar el transporte vial en todas las ciudades de Bolivia y de este modo presionar al gobierno de Carlos Mesa, para que dé marcha atrás en sus decretos y proyectos de ley.

Los transportistas cuestionan el levantamiento del congelamiento de los precios de los carburantes y la pretensión gubernamental por imponer un impuesto sobre las transacciones financieras y otro sobre el patrimonio neto, los que han sido considerados por los sindicatos y sectores de clase media como atentatorios a la economía popular.

"El garrotazo contra el pueblo está ya definido (...) Las propias autoridades ya han anunciado que a fin de mes hay un aumento en el precio de la gasolina. Es un crimen contra los más pobres", dijo Villacorta al advertir que su sector asumirá nuevas medidas de protesta, si el presidente Mesa no escucha a los trabajadores.

El ampliado de los transportistas definió que si el paro de 48 horas no tuerce el brazo al gobierno, la semana subsiguiente se declararía una huelga de 72 horas y posteriormente un paro indefinido a nivel nacional y una huelga de hambre de los principales dirigentes.

La protesta de los choferes es la primera que se realiza en contra de las medidas económicas definidas el primer domingo de febrero por el presidente Mesa. Para mediados de febrero, la Central Obrera Boliviana (COB) tiene definida la realización de protestas y una huelga general con bloqueo de caminos.

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PARO CÍVICO CONTRA EL PARLAMENTO


La Paz, febrero 3, 2004.- Instituciones cívicas, sociales y laborales de La Paz y El Alto decretaron un paro cívico de 24 horas en protesta contra la decisión del Parlamento boliviano de trasladar la sede de deliberaciones a otra capital, en previsión a fuertes presiones sociales y amenazas de cierre.

La medida de protesta se cumplirá este viernes, según establece la resolución de la denominada Asamblea de la Paceñidad, que agrupa a representantes de los gobiernos municipales de La Paz y El Alto, de la Prefectura y de los sindicatos y entidades profesionales y barriales.

El traslado de la sede del Congreso, en momentos de emergencia o crisis, ha sido cuestionada por los representantes cívicos y laborales, que creen que esta medida obedece a la intención de la mayoría parlamentaria de no iniciar un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre pasado, y de no atender las demandas populares como la anulación de la Ley de Hidrocarburos y otras.

"Estamos defendiendo a La Paz y al sistema democrático de este acto de conspiración", dijo el alcalde de La Paz, Juan del Granado, que estuvo acompañado en la inauguración de la Asamblea por los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y de la Central Obrera de El Alto, Roberto de la Cruz, quienes ratificaron su intención de cerrar el Parlamento si éste no atendía las exigencias populares.

La Asamblea de la Paceñidad acordó, al final de la reunión, celebrada en la víspera, las siguientes demandas:

* Exigir la reconsideración y revisión de la resolución congresal aprobada el jueves 29 de enero.

* Mantener el estado de alarma y de movilización en todo el departamento de La Paz.

* Encomendar a la brigada parlamentaria de La Paz el planteamiento de la revisión de la medida en el Legislativo y de los recursos respectivos.

* Decretar un paro cívico general por 24 horas, para el día viernes 6 de febrero.

* En caso de que no se atienda la demanda, se procederá a la huelga de hambre.

* Ratificar la censura en contra de los parlamentarios paceños que votaron a favor del traslado de la sede congresal.

* Censurar y pedir la renuncia del senador Hormando Vaca Díez.