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Pocos días después del comienzo de la invasión de Irak por las tropas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, el presidente George W. Bush estimó ante el Congreso de su país que el costo de la guerra para el Tesoro estadunidense se elevaría a 80 mil millones de dólares. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Unicef, este monto es precisamente el necesario para garantizar a escala mundial el acceso al agua potable, a la educación básica, a los tratamientos básicos de salud, a una alimentación decente y a los cuidados ginecológicos y obstétricos (para todas las mujeres). Este monto, que ninguna cumbre mundial en los últimos años logró reunir (en Génova el Grupo de los Siete recaudó menos de mil millones de dólares para el fondo para la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis), fue recaudado en una increíble proeza por el gobierno de Estados Unidos, y gastado en algunos meses. Los 80 mil millones de dólares que el mandatario estadunidense obtuvo ante el Capitolio constituyeron los fondos necesarios para destruir Irak y asegurar la ocupación del territorio hasta el 31 de diciembre de 2003. Evidentemente no se tomó en cuenta el costo para financiar los daños provocados por esta intervención.
El gobierno de Estados Unidos y sus aliados, para materializar esta agresión neocolonial, utilizaron, una vez más, pretextos humanitarios: la voluntad de ofrecerle al pueblo iraquí un régimen democrático y de preservar a la humanidad de las armas de destrucción masiva iraquíes. Este pretexto se suma a la larga lista de justificaciones humanitarias que se invocaron para encubrir las viles operaciones de conquista de territorio, robo y pillaje económico: de la evangelización de América por los conquistadores a la lucha contra el terrorismo, pasando por la lucha contra la esclavitud, que encubrió la operación colonial de Leopoldo II, rey de Bélgica, en Congo.
¿Quién va a pagar verdaderamente el costo de esta agresión? La guerra ni siquiera se había acabado y ya los banqueros de los siete países más industrializados, reunidos en Washington el 10 y 11 de abril de 2003 para preparar la asamblea de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como la cumbre anual del Grupo de los Ocho (a co- mienzos de junio en Evian), habían acordado fijar la deuda exterior de Irak en 120 mil millones de dólares; es decir un monto superior a la de Turquía (que es casi tres veces más poblada que Irak). Lo anterior, sin contar las compensaciones debidas por Irak a causa de la invasión en Kuwait en 1990. Si creyéramos a los banqueros del Grupo de los Ocho, y si estas compensaciones se tomaran en cuenta la deuda de Irak se elevaría a 380 mil millones de dólares. Irak después de Saddam Hussein tendría así el triste privilegio de ser el país más endeudado del tercer mundo, con una deuda mucho más elevada que la de Brasil, nación que en la actualidad detenta el récord con 230 mil millones de dólares.
El acuerdo arbitrario sobre esta cifra tiene como objetivo principal justificar la apropiación de los recursos petroleros iraquíes con el pretexto de asegurar el rembolso de la deuda. Fijar el monto de la deuda tan alto tiene la enorme ventaja de obligar a las nuevas autoridades iraquíes a someterse a las exigencias de los acreedores durante decenas de años. Aunque la ocupación militar fuese limitada en el tiempo, y aun cuando Naciones Unidas asegure la gestión de la reconstrucción, en realidad la política de este Estado estaría determinada por los acreedores y por las multinacionales petroleras, los que serían beneficiarios directos de concesiones.
Por eso la reivindicación de la anulación de la deuda pública externa de Irak es, no sólo legítima, sino que es una condición sine qua non para el restablecimiento de la soberanía después de la ignominiosa agresión militar.
En derecho internacional, la doctrina de la deuda "odiosa" se aplica perfectamente al caso iraquí. Según esta doctrina, "si un poder despótico (el régimen de Hussein) contrae una deuda no de acuerdo con las necesidades y los intereses del Estado sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esta deuda es odiosa para la población del Estado entero. No es obligatoria para la nación: es la deuda de un régimen, personal del poder que la contrajo; por ende, esta deuda desaparece con la caída de ese poder" (Alexander Sack, Los efectos de las transformaciones de los estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, Recueil Sirey, 1927). Estados Unidos ha aplicado esta doctrina por lo menos dos veces en su historia. En 1898, después de atacar victoriosamente a la marina de guerra española a lo largo de las costas cubanas para "liberar" a Cuba de la dominación española, el gobierno de Estados Unidos obtuvo que Madrid renunciara a sus haberes en Cuba.
Veinticinco años después, en 1923, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los acreedores de Costa Rica después del derrocamiento del dictador Tinoco [1], con el argumento de que aquéllos podían reclamar al gobernante de facto de-rrocado pero no al nuevo régimen. Por eso el movimiento para otra globalización debe poner de relieve la reivindicación de la anulación de la deuda exterior pública de Irak, y combinarla con otras como el retiro de las tropas de ocupación y la del ejercicio pleno de la autodeterminación del pueblo iraquí. De la misma manera, es esencial reivindicar que los estados agresores cumplan con la obligación de reparación impuesta por el derecho internacional y paguen todas las indemnizaciones necesarias por las destrucciones provocadas por la guerra de agresión y por el saqueo de bienes. Recordemos que este último he-cho tuvo lugar en presencia de las tropas de ocupación, las cuales, según las leyes de la guerra vigentes, tenían la responsabilidad y la obligación de asegurar la protección de los bienes y de las personas. A todo esto hay que agregar la necesidad de procesar y punir, según las normas vigentes del derecho penal internacional, a Bush, Tony Blair, José María Aznar y John Howard (primer ministro de Australia) como responsables directos del crimen de agresión, quienes deben ser procesados y castigados por crímenes de guerra.
Hay que recordar también la enorme im-portancia que tiene para el porvenir del pueblo iraquí la aplicación de la doctrina de la deuda odiosa. Efectivamente, la práctica internacional prevé que las deudas contraídas por un Estado con el fin de ocupar militarmente el territorio de otro y que son destinadas a la colonización del pueblo que vive en ese territorio, no pueden ser transferidas a la carga de la población ocupada ni a la del Estado que la representa.
Nuestra apuesta en 2003 es que los países miembros del Grupo de los Ocho, tanto los que planificaron y ejecutaron el crimen de agresión (Estados Unidos, Gran Bretaña) y los que lo apoyaron (Italia y Japón), así como las cuatro naciones que se opusieron a este tipo de guerra (Alemania, Francia, Canadá y Rusia), se pondrán de acuerdo para no aplicar la doctrina de la deuda odiosa a Irak.
Es por todo esto que es necesario tomar conciencia que la aplicación de la doctrina de la deuda odiosa tiene un carácter universal: la mayoría de los países endeudados rembolsan una deuda que fue contraída principalmente por un régimen despótico anterior. Esta situación es cierta en América Latina, Africa y Asia. Es así que los pueblos de esas naciones tienen el de-recho de exigir que las deudas sean declaradas nulas y consideradas como odiosas. Como se puede ver, la importancia de esta doctrina y su aplicación va mucho más allá del caso iraquí.
Los miembros del Grupo de los Ocho fueron divididos por contradicciones evidentes antes que empezara la agresión contra Irak. Es de prever que tratarán de reducir lo que los divide para abordar unidos otras metas y llevar mas allá la globalización neoliberal. Van a tratar de ponerse de acuerdo para enfrentar la crisis económica mundial (crac rampante de la bolsa, inestabilidad monetaria, endeudamiento masivo del sector privado en los países más industrializados) y para abordar la reunión interministerial de la Organización Mundial de Comercio prevista en Cancún (Mé-xico) a comienzos de septiembre del 2003. Recibieron una lección en Seattle: están conscientes que la ausencia de un acuerdo entre Estados Unidos y Europa en la agenda del comercio podría desembocar en un fracaso en Cancún. Se reunirán en Evian del primero al 3 de junio del 2003 para acercar sus puntos de vista.
Los movimientos alter mundialista y antiguerra acudirán a la cita.
[1] Ver Damien Millet, Eric Toussaint, 50 questions / 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, coedición CADTM / Syllepse, Bruxelles / París, 2002, p. 163 a 179 y 184 a 187. A ser editado por Icaria en Barcelona en 2003.
Eric Toussaint
es Director del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), con sede en Bruselas, Bélgica.
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