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Una fuerte pugna se está produciendo en el gobierno brasileño que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva. Por un lado, la burguesía industrialista y, por el otro, los sectores liberales ligados al capital financiero especulativo. Estas divergencias son más importantes en su magnitud política, que las críticas de los cuatro diputados del ala izquierda del Partido de los Trabajadores, que reclaman por un programa socialista.
El gobierno de Lula en Brasil no tiene un programa socialista ni de izquierda. Su programa, que fue el de su campaña electoral, para el que lo quiso escuchar, se inserta en el desarrollismo de la fuerte burguesía paulista industrialista. El problema planteado es que en los primeros tramos de su gobierno, Lula puso en práctica un fuerte ajuste ortodoxo a fin de revalorizar el real y detener la inflación, lográndose en pocos meses elevar el superávit fiscal de 3.75 a 4.25.
El artífice de la política y las medidas de signo ortodoxo es el presidente del Banco Central, Enrique Meirelles quien ha declarado la guerra a sus críticos anunciando que la tasa de interés permanecerá inalterada. Hoy la tasa es del 26,6% y remunera muy bien al capital financiero golondrina pero perjudica los planes sociales y la industrialización.
Si bien Miralles cuenta con el apoyo de la vicedirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, quien considera que Brasil está 'en la buena senda', los cuestionamientos a su política se están multiplicando. El principal crítico de Miralles es el vicepresidente brasileño, el empresario Marcelo Alentar. El vicepresidente coincide con el presidente de la Confederación Nacional de la Industria, el diputado Armando Monteiro, quienes sostienen que la política monetaria de Miralles frustra el proceso de industrialización y desalienta al capitalismo productivo a favor de los especuladores.
El problema de fondo
La burguesía paulista surgió en la etapa en la que gobernó Getulio Vargas, después de 1945. Se trató de un nacionalismo desarrollista monitoreado, a lo largo de las décadas, por intelectuales y economistas como Celso Furtado y Helio Jauraguibe, entre otros. La oligarquía brasileña llevó al suicidio a Vargas y, años después, al golpe militar contra Joao Goulard, a comienzos de la década del sesenta. Pero la burguesía desarrollista derrotó a la oligarquía latifundista en el control del Estado. Los propios militares brasileños, a diferencia de los argentinos, persistieron con las políticas desarrollistas y, periódicamente invitaban a las reuniones del Planato, a Celso Furtado. En Argentina es como si Videla hubiera invitado a Aldo Ferrer para que los orientara en la economía. Algo sin lugar a dudas imposible.
Lula, paralelamente a la política monetarista destinada a controlar la inflación, ha puesto en práctica o, por lo menos ha anunciado, sus planes sociales: 'hambre cero', 'primer empleo para los jóvenes', obras públicas y desarrollo de la infraestructura productiva del país. Todo dirigido al 'despegue del desarrollo económico sostenido', dicen sus ministros.
Pero los planes necesitan dinero y hasta ahora el gobierno no ha podido liberar ninguna partida mínima del presupuesto de 1.400 millones de reales comprometidos para obras de saneamiento básico, a los gobernadores. Tampoco las arcas se abrieron para dejar salir los 700 millones de reales que se habían anunciado en la campaña presidencial para la construcción de viviendas populares.
'Brasil para Todos'
El primer empleo es para dar trabajo a tres millones de personas entre 16 a 24 años y se piensa implementar hasta el 2006, en el marco de un acuerdo entre el Estado y el sector privado industrialista. El plan será discutido en 27 foros provinciales que incorporarán unas 2.000 organizaciones sociales. El plan está dirigido a abrir fuentes de empleo en los sectores de educación, salud y asistencia social.
Se prevé este año contratar 250.000 jóvenes que pertenezcan a familias con bajos ingresos económicos. De ese total, 50.000 ingresarán a empresas estatales. El contrato durará seis meses y podrá ampliarse hasta un año. Se incluye un sistema de créditos de fácil acceso para aquellos jóvenes que al término de sus contratos quieran abrir sus propios negocios. Las empresas no podrán despedir a ninguno de sus actuales trabajadores los últimos tres meses antes del inicio del proyecto de contratar a los nuevos con el pago de un salario mínimo mensual de 240 reales, unos 80 dólares.
El Estado entregará a las empresas el 83,3% de los salarios de los nuevos trabajadores, que los deducirá de las obligaciones tributarias. Aquellas empresas que contraten jóvenes de raza negra, mujeres y personas con deficiencias físicas, se beneficiarán con descuentos impositivos mayores.
La crisis se avecina
Las diferencias en el gobierno de Lula están a punto de estallar. Varios ministros y hasta el vicepresidente Alencar, cuya familia es dueña de un emporio textil, reclaman un cambio de orientación monetarista del Banco Central. Sin embargo, en las últimas semanas los mercados demostraron su fragilidad: la Bolsa de San Pablo se desplomó (3,64%) y el dólar volvió a superar los tres reales.
Si en agosto todo sigue con este estancamiento y no se reduce la tasa de interés, quedará demostrado que el plan de Miralles va al fracaso y, entonces, es probable que Lula produzca un golpe de timón.
Mientras tanto, el Movimiento de los Sin Tierra (MST) prosigue en la ocupación de tierras, dirigidos principalmente por los sacerdotes de la Teología de la Liberación. Dentro del Partido de los Trabajadores el debate se está encrespando. A Lula se le termina el tiempo para decidirse.
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