Intelectuales y Académicos

La lucha del pueblo por el ejercicio de la soberania sobre los recursos naturale

 

Autor: Éric Toussaint

Fecha: 26/10/2003

Traductor: Rossana cortez- especial para P.I.

Fuente: CADTM


BOLIVIA: LA LUCHA DEL PUEBLO POR EL EJERCICIO DE LA SOBERANIA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Desde el año 2000, por dos veces, la población de Bolivia (alrededor de 10 millones de habitantes) se ha movilizado para defender el bien público. En febrero de 2000, la movilización estuvo limitada a la región de Cochabamba y se refirió al mantenimiento de la propiedad pública del agua. En 2003, en septiembre - octubre, una gran parte del pueblo boliviano se levantó contra la venta de gran parte de las reservas de gas natural a un consorcio internacional. En cierto modo, el pueblo boliviano de mayoría indígena muestra el ejemplo a la humanidad. Lo puesto en juego es poner término a la transferencia de recursos naturales y bienes públicos hacia el dominio privado. Esta dimensión de la lucha de los bolivianos concierne directamente a las poblaciones del centro y de la periferia quienes, de conjunto, están afectadas por la apisonadora de las privatizaciones impulsadas sobre todo por el trío Banco Mundial / FMI / OMC. A esto se agrega para las poblaciones de la periferia una apuesta suplementaria: detener el pillaje y el agotamiento de sus recursos naturales por las transnacionales de los países del centro que se benefician con la complicidad de los gobiernos y las clases dominantes locales.
Bolivia está considerado como el país más pobre de América latina: el ingreso anual per capita, en 2002, era de 882 dólares y un tercio de la población, es decir alrededor de 2.700.000, vivía con 200 dólares por año. La reducción del ingreso per capita fue sistemática y constante en los últimos cuatro años, según el Instituto Nacional de Estadística. Ahora bien, esta caída del ingreso ha afectado más dramáticamente a los pobres y a los sectores vulnerables.
Bolivia es uno de los cuatro países latinoamericanos que forma parte de los cuarenta y dos PPTE. Las instituciones de Bretton Woods consideran al país como un modelo en término de consultas a la sociedad civil, ya sea por el gobierno o por ellas mismas. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos considera que Bolivia es - hasta el momento en que se escriben estas líneas - un aliado fiel: permitió a los militares estadounidenses recorrer su territorio y ha realizado un vasto programa de destrucción de campos de cultivo de coca, la planta tradicional de los indios. Finalmente, la OMC también puede estar satisfecha: Bolivia bajó radicalmente sus tarifas aduaneras y liberó sus productores locales a la competencia de las transnacionales del norte.
La succes story versión Washington que se expresa en un drama para la población comienza en 1985 cuando la reacción (los partidarios del ex dictador Hugo Banzer y los de Paz Estensoro) gana las elecciones e impone al país un plan de ajuste estructural muy duro ... En los quince años siguientes, la oleada de privatizaciones afectó a casi todos los sectores: los hidrocarburos (petróleo y gas), los ferrocarriles, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, el sistema de pensión, la electricidad, las minas, los bosques...

En 2002, la batalla del agua

En 1999, el gobierno propone, para la zona de Cochabamba, un contrato de concesión al consorcio internacional Aguas del Tunari. Sus principales características: el precio del agua se dolariza y se adapta a la inflación de los precios en Estados Unidos; todos los sistemas de agua potable (especialmente los construidos por habitantes de las cooperativas locales) pasan a manos del consorcio sin contrapartidas; a pesar de un aumento máximo del precio de 35% previsto en el contrato, las tarifas aumentan desde el inicio un 400% sin ningún mejoramiento en el servicio prestado. El agua se convirtió en una mercancía y ya no es un bien social. En Cochabamba, el pueblo boliviano se pone en marcha: creación de una Coordinadora, marchas pacíficas, negociaciones, mediaciones, consulta popular, bloqueo de rutas... Presionado, el gobierno cede: los principales objetivos de la Coordinadora son alcanzados.
Así lo explica Carmen Julieta Peredo Montaño, miembro de esta Coordinadora, esta lucha ejemplar se basa en que "las organizaciones rurales explotan los recursos de agua considerándolos como bienes sociales prestados por la madre Naturaleza. Para ellas, el agua es sinónimo de vida. No puede considerarse una mercancía, contrariamente a lo que los gobernantes de Bolivia pretenden, en completa sumisión a las recomendaciones del Banco Mundial y del FMI; estos últimos precondicionan el apoyo económico para proyectos de agua potable y de tratamientos de base del agua a su mercantilización y su privatización a través de leyes y de contratos que fueron rechazados por unanimidad por los ciudadanos cochabambinos" (Via Campesina, Una alternativa campesina, 2002, p. 154).
Raúl Zibechi resume bien la evolución por parte de los movimientos sociales: "Las explosiones sociales del año 2000 modificaron profundamente el mapa político - social del país. El movimiento campesino apareció como la principal fuerza social, organizada alrededor de la Federación de Cultivadores de Coca del Chapare (dirigida por Evo Morales, diputado) y la Confederación Sindical Unitaria de los Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) dirigida por Felipe Quispe. Las organizaciones campesinas habían atravesado profundos cambios. La CSUTCB fue fundada en 1979 a imagen y con el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y se ha definido como una organización campesina. Después de dos décadas, al sacar las conclusiones de los cambios subjetivos vividos por la mayoría social del país, se definió como ´organización indígena que reúne a todos los pueblos y naciones indígenas y originarias de Bolivia´. Del discurso de clase, que nunca abandonó, pasó a un discurso histórico y étnico, que insiste sobre las demandas de tierras y territorios, lo que implica una gestión participativa en los recursos naturales. Esta evolución es el reflejo de la pérdida de centralidad de la clase obrera a causa de la instauración de políticas neoliberales a partir de mitad de los ´80. Este movimiento, sin embargo, está llamado a articular amplios sectores de la población boliviana, en particular en el Altiplano. Es así que ha surgido un nuevo sujeto social, heterogéneo, diversificado, pero articulado alrededor de la identidad aymara (síntesis de la nueva identidad nacional, que se manifiesta en la utilización de la bandera arco iris llamada Wiphala en lengua aymara) y anclado en varias zonas como El Alto y las comunidades indígenas. Las elecciones de junio de 2002 han llevado a este nuevo sujeto social a conquistar una representación importante en las instituciones estatales. Los dos frentes electorales que se presentaron (el Movimiento al Socialismo de Morales y Pachakutik de Quispe) recogieron un cuarto de los votos y por poco le disputan la presidencia al candidato de la embajada yanqui Sanchez de Lozada". (extraído del artículo "Bolivia en la encrucijada", ALAI, América Latina en movimiento, 16-10-03).

La batalla del gas de septiembre - octubre de 2003

Como escriben Roxana Paniaqua, Ana María Seifert y Frida Villarreal (L´Aut´Journal, 15 de octubre de 2003), "para comprender lo puesto en juego alrededor de la exportación del gas natural en Bolivia, es necesario mencionar algunos hechos salientes de las últimas semanas. Debemos retroceder hasta 1985, cuando fue aplicado en Programa de Ajuste Estructural pregonado por el FMI. Una de las medidas de este programa apuntaba a la estabilización monetaria del país y afectaba principalmente a la empresa de hidrocarburos que pertenecía al estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A la empresa le impusieron la transferencia de 75 al 85% de sus ingresos al Tesoro de la Nación, lo que ha conducido a su debilitamiento, a la disminución de la explotación y de la producción, así como a la parálisis de la construcción de las redes de distribución de gas en el interior del país. Estas medidas han agravado el endeudamiento de la empresa y han servido de pretexto para criticar la mala gestión de las empresas estatales. A partir de 1990, la privatización o capitalización se presenta como la solución a la crisis: se anula el monopolio de YPFB para diferentes etapas del tratamiento de los hidrocarburos. En 1996, la Ley de Hidrocarburos permite, entre otras cosas, la liberalización total del mercado de hidrocarburos, establece una contribución fiscal muy baja al estado por parte de las empresas privadas. Desde entonces, las empresas petroleras extranjeras controlan la mayor parte de las reservas petroleras. En efecto, el 80% de las reservas de gas son controladas por Petrobras (Brasil), Total, Maxus (iberofrancesa) y Repsol (España)".
Dicho sea de paso, el proceso descripto más arriba es perfectamente comparable a lo sucedido en Argentina en la misma época con la empresa petrolera YPF.
Desde 1997, se descubrieron importantes reservas de gas en el país. La evaluación de la firma internacional Goldyer & Mac Naughton estima las reservas de gas natural en Bolivia en 52 trillones de pies cúbicos en 2003. Se trata de la segunda reserva más importante de América del sur según la International Energy.
En efecto, las reservas certificadas en la subregión sudamericana alcanzaron a 123.7 trillones de pies cúbicos, el 42% pertenece a Bolivia, el 20,8% a Argentina y el 16,6% a Venezuela. Ahora bien, una vez cubierta la demanda interna y los contratos de exportación en la subregión, queda lo suficiente para exportar a otras partes. No se trata entonces de un problema de penuria de gas. El problema se sitúa más bien en la propiedad de las reservas de gas, la transformación y la distribución de este recurso, así como en los ingresos que el estado boliviano sacaría de él si pudiera exportarlo sin intermediarios.
Si bien los medios de comunicación no han dejado de destacar que la revuelta tiene raíces históricas (el gas debía ser exportado hacia Estados Unidos y Méjico vía el litoral chileno, y los dos países están en malas relaciones desde 1879, por la anexión por Santiago del antiguo litoral boliviano), el descontento apunta a otra fuente menos evocada por la prensa: la voluntad de los pueblos indígenas de retomar el control de sus recursos naturales de las manos de las multinacionales.
Para que el precio sea competitivo, es decir, para que el nivel de ganancia se considere aceptable por el consorcio internacional que estaría encargado de la exportación (Pacific LNG), se le pide al estado boliviano disminuir sus exigencias monetarias que, como hemos visto, ya fueron disminuidas a causa de la Ley de Hidrocarburos de 1996.
Las divisas que Bolivia obtendría con este proyecto son de 70 millones de dólares por año, contra 1.300 millones para la Pacific LNG. Entonces, por cada dólar pagado en impuesto en Bolivia, las sociedades petroleras ganan 20. Los bolivianos pagan a alto precio sus garrafas de gas y mientras que el país dispone de inmensas reservas de gas natural, muchos campesinos del Altiplano siguen calentándose o cocinando con leña y paja. No solamente los bolivianos ven liquidados sus recursos naturales por las trasnacionales petroleras, sino que estas realizan una super ganancia. El problema, como lo destaca Evo Morales, fundador del MAS no es negarnos a vender gas, sino venderlo en otras condiciones favorables al pueblo boliviano. "Los bolivianos han perdido el control de esta riqueza en beneficio de las multinacionales. Y el actual proyecto de exportación de gas no nos reportaría nada. Ahora bien, los hidrocarburos son nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro patrimonio. ¿Cómo justificar que, mientras se saquea nuestro territorio ancestral, se exportan nuestras riquezas, nos empobrecemos cada día más?" (Le Courrier, 4 de Octubre de 2003).
La enorme movilización popular que ha sacudido a Bolivia en septiembre y octubre de 2003 ha sido reprimida a sangre y fuego por el régimen de Gonzalo Sanchez de Lozada: se habla de más de 150 muertos. En lugar de quedar paralizada, la población ha sido galvanizada y se plantó bien frente al terrorismo de estado. Es el régimen quien se hundió y el presidente terminó renunciando el 17 de octubre y se refugió en Miami.


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